El documento, que fue elaborado por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), fue presentado de forma virtual ayer.

El informe anual presenta diez capítulos que hacen referencia a los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela en los que se aborda los avances y retrocesos respecto al acceso y tenencia de la tierra y el territorio en cada país, incorporando transversalmente para este informe las distintas propuestas políticas debatidas nacionalmente en el marco de una serie de procesos electorales llevados adelante en la región.

El capítulo referido a Bolivia fue elaborado por Martha Irene Mamani, socióloga e investigadora de la Fundación TIERRA y coautora de publicaciones sobre estudios críticos de la cuestión agraria.

El análisis de 2021 se contextualiza tras la realización de las elecciones subnacionales, con la que Bolivia inauguró una etapa postcrisis política y que es paralela a la reactivación de la economía nacional tras la pandemia.

Sobre el despojo de tierras, el informe toma en cuenta los datos del Tribunal Agroambiental, instancia que recibió un total de 191 denuncias a nivel nacional.

Los departamentos con más casos registrados ante este Tribunal son Cochabamba y Santa Cruz, con 47 y 42 denuncias, respectivamente.

“En Cochabamba, Las causas tienen que ver con el crecimiento de la marcha urbana a costa de territorios rurales y actividades productivas; y, en Santa Cruz, con el avasallamiento de propiedades medianas, predios agroproductivos y tierras fiscales”.

En referencia a las disputas, avasallamiento y tráfico ilegal, el informe toma en cuenta los conflictos producidos mayormente en Santa Cruz durante el 2021, en los que se identifican diversos tipos de actores involucrados.

“Todos alegan afectaciones, avasallamiento y señalan a los demás como avasalladores, pero ninguno de ellos tiene los derechos sustentados por la vía legal. La narrativa dominante ha posicionado a los campesinos interculturales como los cabecillas de la toma de tierras, al menos su capa dirigencial. También están involucrados los empresarios agropecuarios, quienes, a través de mecanismos poco visibles como puertas giratorias, tráficos de influencias, lobby y captura de medios de comunicación, se adueñan de tierras fiscales”, señala parte del documento.

La finalidad del informe es proporcionar información e insumos para realizar análisis comparativos de la dinámica actual del acceso a la tierra y territorio en los países sudamericanos, y a la vez, estimular procesos de diálogo renovadores.