Human Rights Watch (HRW), en un reciente informe referido al estado de situación de la justicia y la democracia en Bolivia, advierte que los pueblos indígenas enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus derechos por el uso del mercurio en la minería del oro.

“La Constitución de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de los pueblos indígenas (…). Sin embargo, pueblos indígenas se enfrentan a obstáculos en el ejercicio de esos derechos”, señala el informe de la organización no gubernamental de alcance internacional, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los Derechos Humanos.

HRW hace mención al trabajo del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, que alertaron sobre el uso creciente e ilegal de mercurio en la minería, que daña la salud de las comunidades indígenas.

El Relator Especial para Sustancias Tóxicas de las Naciones Unidas de manera reincidente ha alertado por el incumplimiento del Convenio de Minatama por parte del Gobierno boliviano, para reducir el uso del mercurio en la minería aurífera, pero también, que Bolivia se haya convertido en país centro del tráfico ilegal del mercurio.

“Lo que está en juego aquí es el compromiso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, es ahí donde está involucrado el honor del Estado porque el avance del derecho internacional es el cumplimiento de buena fe”, afirmó el alto comisionado.

Las declaraciones del Relator Especial se realizan en un contexto crítico para la minería en Bolivia, donde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar derechos mineros, es el centro de críticas debido al alto nivel de corrupción y politización en torno a las autorizaciones auríferas.

El retorno de Erick Ariñez a la entidad no es garantía de transparencia, pues en su gestión las dragas chinas y colombianas desembarcaron en los ríos amazónicos del país en busca de oro.

En Bolivia se ha cuestionado desde los pueblos indígenas, campesinos y originarios, la falta de transparencia y buena fe desde el Estado para realizar la consulta previa, libre e informada al momento de ejecutar proyectos extractivos y la gran mayoría de comunidades afectadas por la minería denunciaron que jamás se les consultó estar de acuerdo con que se contaminen sus suelos, sus fuentes de agua y su salud.

“En el derecho internacional ambiental para enfrentar la grave amenaza del mercurio es el Convenio de Minamata, en este convenio las partes contratantes se comprometen a reducir, y si es posible, a eliminar el uso del mercurio”, sostuvo el experto a Brújula Digital.

El Estado boliviano ratificó el Convenio de Minatama el 2015, pero a partir de ese año, aumentó la importación del mercurio al país hasta convertir a Bolivia en el país centro del tráfico del mercurio a países vecinos.

Marcos Orellana dijo que la pequeña minería aurífera es la fuente más grande de mercurio en el mundo porque más de 36% de emisiones y 2.000 toneladas anuales se liberan al medioambiente.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) prendió los focos de alerta, al advertir que el país se convirtió en el mayor importador de mercurio del mundo, con un promedio anual de 200 toneladas. Con el apoyo de la Universidad de Cartagena de Colombia realizó exámenes a más de 500 indígenas que habitan varias comunidades de la Cuenca Amazónica, por las que se demostró niveles de contaminación por mercurio, muy superiores a lo permitido. (Brújula Digital).