El pasado 7 de junio, se realizó una reunión con técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Ministerio de Relaciones Exteriores y la presencia también de las Iglesias Evangélicas, pero la petición fue negada.
“La Conferencia Episcopal Boliviana emitió el comunicado ‘por un censo transparente e inclusivo’, enmarcado en el pedido de la Iglesia Católica de incluir la pregunta sobre la “religión” a la población; sin embargo luego de una reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) e Iglesias Evangélicas, la repuesta a esta petición fue denegada”, dijo Giovani Arana, secretario general de la Confederación Episcopal de Bolivia (CEB).
El monseñor recordó que la Iglesia Católica solicitó públicamente la inclusión de la pregunta sobre la opción de fe “sin embargo, quedamos sorprendidos porque nos informaron que ya estaba tomada la decisión de no incorporar dicha pregunta en el censo y se nos daba la opción de realizar una encuesta”, agregó.
A su vez, indicó que el INE les explicó que el introducir la consulta aumentaría el tiempo del Censo, el tamaño físico del cuestionario, y les dijeron también, que no es relevante el tema de la religión; además de qué política pública se aplicaría ‘al conocer la religión que se practica’.
“Creemos que estos argumentos no son convincentes y que más bien parecen pretextos para excluir el dato de la fe religiosa, aspecto que tiene un alcance no solo privado sino público”, lamentó Arana.
El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, anunció la presentación de una acción popular en contra del Censo y movilizaciones en las calles, e incluso manifestó que impulsarán campañas del “No al Censo del 2022”.
“Vamos a presentar una acción popular entre la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. El pedido es el mismo y las acciones son las mimas”, declaró el evangélico a Urgente.bo.
Según Aruquipa, un 97% de la población boliviana profesa una religión. Caso contrario no proceda la acción popular, los evangélicos acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional de La Haya.