Uno de los representantes a nivel nacional y de esta urbe, Toño Siñani, dijo que este cuarto intermedio fue para buscar otras formas de presión ante el Gobierno para que se anule dicha ley.
“Nuestro estado de emergencia continúa a nivel nacional y en la urbe alteña, por lo que la reunión ampliada que realizaremos en la Casa Social del Maestro, podrá definir las acciones que tomaremos en torno a la anulación de esta ley, que intenta imponer el Gobierno en contra de la población boliviana, porque no afecta a solo algunos sectores tal como quieren hacer creer”, indicó el dirigente.
En el momento, existen varias observaciones según el dirigente, donde uno de ellos efectuado por la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol) donde se observa el artículo 7, con la proposición al Gobierno de modificar el mismo, pero fue rechazada, por el sector gremial, siendo el objetivo de anular definitivamente.
De la misma manera, se tienen que analizar varias otras observaciones que existen como el tema del terrorismo y las ganancias ilícitas, las cuales, según el dirigente Siñani, deberían encontrarse en otra ley, donde no involucre a las personas naturales y muchos otros sectores.
“Debemos poner en claro muchas cosas, donde también deben estar incluidas aquellas autoridades del Gobierno como diputados y senadores, así como alcaldes del Movimiento al Socialismo (MAS) quienes en su mayoría se han enriquecido durante todo el tiempo de gobierno de este partido, además los cocaleros del chapare jamás han sido investigados sobre las grandes fortunas que tienen, por eso hay que poner en claro muchas cosas como estas”, señaló el dirigente.
Finalmente anunció que luego de esta reunión se hará conocer las decisiones que se tomarán en torno a las medidas de presión que se podrían asumir en los próximos días.