El Gobierno de transición denunció ante el Ministerio Público a la exministra de Comunicación, Gisela López, entre otros exfuncionarios por los 90 convenios irregulares suscritos con distintas empresas para la elaboración de productos audiovisuales. Por ejemplo, la firma mexicana Neurona Consulting se benefició con ocho convenios por 12.4 millones de bolivianos.
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