Con argumentos de haberse detectado fallas en el proceso de socialización y desinformación sobre el contenido de la norma, por parte de grupos de la oposición, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció que el Gobierno determinó retirar de la Asamblea Legislativa el tratamiento de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Opositores ven un triunfo de la movilización popular.

En conferencia de prensa, Prada informó que esta determinación obedece a las fallas detectadas en el proceso de socialización, con sectores que en los últimos días manifestaron sentirse afectados por la citada norma.

La autoridad cuestionó a los grupos de la oposición que habrían propagado la desinformación con la finalidad de sembrar temor en sectores de la población.

“Algunos políticos y grupos que buscan permanentemente la desestabilización en el país no solo han instalado la desinformación, sino el temor respecto a una ley que busca cumplir con estándares internacionales, sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo.

El Gobierno –explicó– ha tomado esta decisión en atención a las demandas de la población. “Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus temores y preocupaciones en relación al proyecto, hemos decidido retirar este proyecto de ley”, manifestó Prada.

Tras conocerse la noticia, diferentes representantes de la oposición celebraron la determinación al señalar que esta se debe a la lucha de la ciudadanía en contra de los abusos y por el respeto sus derechos.

El jefe de bancada de Creemos en diputados, Erwin Bazán, destacó las recientes jornadas de protesta protagonizadas por la población, en las que se manifestó el rechazo al paquete de normas planteadas por el Gobierno en el Legislativo.

“El ciudadano no está dispuesto a tolerar abusos y quiere vivir en una sociedad con democracia y con libertad”, señaló Bazán; advirtió que la forma correcta de retirar esta norma es mediante una carta del presidente Arce a la Asamblea Legislativa, para solicitar la anulación de su tratamiento, así como la abrogación de la Ley 1386, que es su complemento.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en diputados, Carlos Alarcón, calificó este anuncio como un gran paso para combatir el paquete de normas que se pretende aprobar, con la finalidad de atentar contra los derechos de la ciudadanía.

“Esto demuestra que cuando se trata de derechos humanos no hay bandera ni color político o ideología. Es una gran lección que le ha dado el pueblo al Gobierno, cuando están en juego los derechos y garantías fundamentales de las personas, no hay color, camiseta o ideología que valga”, dijo.

Al respecto, el senador Rodrigo Paz Pereira saludó la decisión y destacó que desde el Gobierno se haya entendido que continuar con el tratamiento de la norma provocaría daños a la población.

“No se puede controlar desde el Gobierno a la sociedad, no se puede vigilar las propiedades, como casas, autos y otras posesiones de las familias gremialistas, comerciantes, entre otros; el Gobierno dio un paso adecuado”, subrayó.

Los legisladores pidieron que no se deje de vigilar la abrogación de la Ley 1386, que fue promulgada y que las recientes determinaciones del Gobierno sean solo acciones para desmovilizar a los sectores comprometidos.