Las denuncias de la explotación minera, que viene destruyendo y envenenando ríos y territorios indígenas suman. Para el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera López, son los municipios que están descuidando sus funciones debido a que son los directos responsables de preservar e implementar medidas de mitigación para cuidar su territorio.
“A los municipios vale la pena recomendar que la jurisdicción, la preservación ambiental es su tarea, no nos estamos descargando de responsabilidades, solo es cuestión de asimilar la normativa”, manifestó Herrera, consultado sobre los daños que se registran por la explotación minera en ríos y territorios indígenas.
En criterio del Viceministro, el daño ambiental “no hubiese ocurrido si es que las autoridades hubieran considerado desde su momento”, debido a que “hay tareas que tiene que cumplir el municipio, por ejemplo: en la certificación del uso de suelo, que es importante, de aquello sale un dictamen favorable o se le niega”, explicó.
Sostuvo que si las autoridades municipales negaran el uso de suelos no se realizaría la actividad minera. “Pero cuando es favorable procede el trámite, va al Ministerio de Minería, va a la instancia que se llama AJAM, allá seguramente hacen las valoraciones y sigue el trámite para que esa actividad pueda funcionar e implementar ciertas medidas de mitigación, remediación y emitir la documentación tarda más de un año o más”, señaló.
Aclaró que el trámite no concluye ahí, pues una vez se categoriza la actividad minera y se la declara legal, se entrega de la licencia ambiental. “El Ministerio solo tiene cinco días para dar la licencia ambiental”, indicó al manifestar que los municipios deben estar alertas a fin de evitar daños y preservar los territorios.
No obstante, alertó de “actores ilegales” que operan en complicidad de la misma comunidad. “Es difícil de creer pero así ocurren estos hechos, hay comunarios que actúan en calidad de cooperativistas, en calidad de autoridades, etc. Aquí hay una complejidad”, dijo Herrera, quien señaló que esta situación es aprovechada por opositores para afirmar que es el Gobierno que permite la explotación ilegal. (Brújula Digital)