Ante el anuncio de retornar a Bolivia del exministro de Defensa del expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, el actual gobierno ratificó que el exfuncionario, acusado por delitos de genocidio por la masacre de “octubre negro de 2003”, no gozará de impunidad y deberá rendir cuentas a la justicia boliviana. El anuncio también ocasionó rechazo en la ciudadanía boliviana que exigió máxima sanción en su contra.
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