“Nuestra institución sufrió el martes una abusiva incursión policial comandada por el Ministerio Público por más de cinco horas, donde de forma exagerada se ingresó a la Gobernación y se llegó a intimidar a nuestros funcionarios”, manifestó Serrate.
Además, indicó que la acción de la Fiscalía y los policías fue “desproporcionada” y que se realizó “ante un error administrativo en una publicación de la gaceta y que el mismo fue reconocido por la Gobernación y subsanada en el mismo momento”.
“No se han generado daños al Estado ni tampoco se ha producido una usurpación de poderes. El mencionado decreto nunca llegó a estar en vigencia. La mejor muestra de esto es que el vicegobernador Mario Aguilera ejerció plenamente el cargo de gobernador en ejercicio”, agregó la asesora.
El operativo de la Fiscalía y la Policía se realizó a la denuncia del asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Clemente Ramos, que señaló que la Gobernación había aprobado el decreto 373 que otorgaba funciones de gobernador a un secretario que había sido asignado Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, y dejó de lado al vicegobernador Mario Aguilera, como manda el Estatuto Autonómico cruceño.
Serrate sostuvo que el decreto no llegó a entrar en vigencia y que el vicegobernador sí ejerció las funciones sin problema alguno.
Asimismo, informó que los fiscales secuestraron teléfonos celulares de funcionarios y que citaron a varios de ellos como testigos.
“Lo ocurrido es una grave falta a la aplicación de justicia, desproporcionada y, por supuesto, vergonzosa. Tenemos claro que la ley no es igual para todos y sabemos que lamentablemente la justicia está sometida al Gobierno del MAS”, dijo. (Santa Cruz, Brújula Digital)