La explotación de oro en diferentes regiones del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi se intensificaron; mientras tanto, la Sala Constitucional del Palacio de Justicia de La Paz aún no define si da curso o no a la Acción Popular para frenar la actividad minera ilegal en el sector.
“La Acción Popular debería ser concedida para que el Estado cumpla con sus deberes, (el recurso) lo hicimos el 29 de junio, estamos con retrasos, esta situación de tener que dirimir; mientras tanto, en la región en vez de reducir, de amainar se intensifica (la extracción de oro) cuando la situación empeora”, dijo la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena.
Alex Villca, especialista y activista en medio ambiente, publicó cuatro fotografías en su cuenta personal en el que se ve que los mineros continúan con el trabajo en la explotación de oro.
“Continúan saliendo a la luz imágenes del avance de la Minería ilegal del Oro al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, correspondiente a la cuenca alta del Río Tuichi. Los Pueblos Indígenas ribereños somos los más afectados por el mercurio”, escribió en su cuenta de Twitter.
La senadora de CC indicó que si bien no tiene datos o cifras en qué cantidad de mineral se saca, los indígenas de las diferentes regionales en el Madidi le hicieron conocer que la extracción del oro continúa y con más intensidad por parte de los mineros.
“Mientras tanto, la minería en el Madidi prospera; mientras tanto, la impunidad es la que impera. Lamentablemente el Estado se toma su tiempo para (asumir acciones), en este caso el poder judicial, y lo único que debería prevalecer es el sentido común y el sentido del deber y no la presión de un grupo poderoso económico-político, como son los mineros”, repudió la legisladora.
En junio de este año, asambleístas de CC, a la cabeza de la senadora Requena, presentaron un recurso de acción popular para frenar la actividad de minería ilegal en el Madidi.
Esta audiencia estaba programada inicialmente para el 29 de julio, pero fue postergada para el 10 de agosto y luego nuevamente reprogramada para el viernes 19 de agosto de 2022. Ese día, la Sala Constitucional del Palacio de Justicia de La Paz registró un empate entre los votos de dos vocales, uno a favor y otro en contra, que evita dar curso a la Acción Popular.
La Acción demanda al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Minería y Metalurgia, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas que realicen los actuados que establece la legislación boliviana e intervengan la actividad minera ilegal para que se evite más daños irreversibles al medioambiente y a los habitantes de las comunidades aledañas. (ANF)