“El decreto 21060 (de 1985) sigue vigente en cuanto a la autorización de libre comercialización de minerales y metales, lo cual hace imposible para que el Estado pueda controlar el flujo de minerales y metales (…). Se le ha quitado a Comibol todos sus yacimientos, se les ha pasado al sector privado de una y otra forma, en contratos de arrendamiento, contratos de riesgo compartido, otro tipo de contratos que no se les corrigió con la norma”, dijo el experto.

Según Córdova, se han restituido las competencias productivas a la Comibol, pero no sus yacimientos. “Los minerales extraídos de las minas de Comibol se registran a nombre de los operadores como si fueran suyas, desde 1985 aparecen registradas a nombre del Estado y eso no ha corregido la Ley de Minería y Metalurgia (de 2014)”, señaló.

La exautoridad explicó que, entre otras cosas, no haber logrado generar valor agregado en el sector minero se debe a una visión no compartida acerca del rol de una Corporación Minera de Bolivia (Comibol) “poderosa, libre de cooperativas”, y de un Estado dominante en la cadena productiva.

En un análisis de las operaciones mismas, identificó también la falta de profesionales especializados, la dependencia de los insumos importados, los altos costos de las empresas estatales y, en el campo político-económico, la opción por liberar la comercialización de los minerales y metales.

En ese panorama complejo, Córdova remarcó que la Comibol necesita una refundación para que su oficina central integre a sus empresas en su institucionalidad porque actualmente se desempeñan en baja productividad y prácticamente dirigidas por los obreros en la minería nacionalizada.

Córdova compartió ese análisis durante el foro denominado “Presente y futuro de la minería nacional”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario (Cedla) en el que varios expertos coincidieron que el nuevo ciclo minero encuentra a Bolivia con un funcionamiento deficitario de sus empresas nacionalizadas, normas contradictorias en la gestión de regalías e impuestos, la explotación ilegal del oro e incertidumbre en la política del litio.

El nuevo ciclo fue marcado por una caída en los precios internacionales de los minerales, desde el 2014, y la importancia de la extracción del oro y de los recursos evaporíticos en la demanda mundial.

¿Bolivia es aún un país minero?, lanzó la pregunta Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, a los primeros panelistas. Inmediatamente las cifras del valor de la producción minera del año 2020, preparadas para el seminario, que ascienden a 3.253 millones de dólares, dieron una respuesta positiva contundente. (Brújula Digital)