Bolivia, al haber aceptado enfrentar la demanda de Chile sobre las aguas del Silala cayó en la trampa de la diplomacia chilena, por tanto, se puede concluir que Chile tiene ya a su favor un 50 % de la demanda, advirtió el economista e investigador Milton Lérida Aguirre, al desarrollárse la fase de los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Hoy la defensa boliviana presentará su exposición.

Asimismo, puntualizó que Bolivia no tiene ningún trato ni convenio alguno con el Gobierno de Chile sobre las aguas del Silala; sin embargo, el Gobierno boliviano aceptó enfrentar la demanda como si el problema de las aguas del Silala fuera una demanda de carácter de Derecho Internacional Público, cuando en realidad es un problema de Derecho Internacional Privado, es decir, entre la empresa The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited y el Gobierno boliviano.

Sostuvo que la Corte Internacional de Justicia también está comprometida, porque aceptó la demanda interpuesta por Chile como si la demanda chilena tuviera un carácter del Derecho internacional Público, cuando el Estatuto de la Corte, en su Art. 36 y 37, señala que la CIJ trata problemas solo de Estado a Estado.

Según Lérida, los argumentos de la demanda que Chile planteó sobre las aguas del Silala son: 1) haberla utilizado por más de 100 años, 2) Bolivia nunca habría reclamado por las aguas del Silala y 3) Chile reclama el uso racional y equitativo de las aguas por ser un derecho humano.

Explicó que estas argumentaciones, según Chile, se basan en el derecho internacional consuetudinario; sin embargo, es necesario aclarar, que: 1) Chile no dispuso el uso de las aguas, sino que fue la empresa The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited, la que tenía a cargo la administración de las aguas y los consumidores fueron o son las alcaldías de las ciudades de la Segunda Región de Chile y el Gobierno chileno no tiene nada que ver. 2) Si bien Bolivia no reclamó por las aguas del Silala a Chile, es porque no había motivo, porque Bolivia tenía un contrato con la empresa privada y no con el Estado chileno. 3) El agua es un derecho humano, Bolivia no tiene nada que ver en los problemas internos de desabastecimiento de agua que tiene el vecino país.

CONCLUSIONES

El 1 de abril del 2022 se dio inicio a los alegatos orales en La Haya y Bolivia tiene que responder a los delegados de Chile y sus asesores, pero tiene la oportunidad para poner en claro las siguientes objeciones y al mismo tiempo poner en conocimiento lo siguiente:

1.- Bolivia no tiene nada que alegar con Chile sobre las aguas del Silala.

2.- El problema de las aguas del Silala es un tema que atinge solo al Gobierno boliviano y la empresa privada transnacional The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited.

3.- Denunciar a la Corte Internacional de Justicia, que cometió también una especie de prevaricato, al haber aceptado una demanda de carácter de Derecho Internacional Privado, contraviniendo el Art. 36 de los Estatutos de la Corte.

Finalmente, el Gobierno de Bolivia puede decidir no asistir a los alegatos orales en La Haya, porque existe una especie de sentencias constitucionales a nivel internacional, por los cuales muchos países no han acatado las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, es más, estos países que no han acatado las decisiones de los jueces de la Corte no han sido sancionados a pesar que las resoluciones son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.