En los últimos días, el fiscal general Juan Lanchipa informó que se habían admitido tres denuncias en contra de Camacho y de los presidentes del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, Vicente Cuéllar. Luego dijo que los casos fueron acumulados en la Fiscalía de La Paz, para su respectiva investigación, por la presunta comisión de cerca de una decena de delitos.
Si bien los abogados de los denunciados informaron que aún no fueron notificados oficialmente con la apertura de las investigaciones, un grupo de personas hizo vigilia la noche del martes en el domicilio de Camacho ante versiones sobre una posible aprehensión.
El Gobernador de Santa Cruz salió de su vivienda, agradeció el gesto y cuestionó las denuncias judiciales en su contra, entre las que se encuentra una por una presunta violación que habría cometido hace 33 años atrás, cuando tenía 10 años de edad en contra de una niña de 5 años.
Camacho afirmó que las denuncias en su contra carecen de consistencia y aseguró que se mantendrá en la ciudad de Santa Cruz para enfrentar los procesos judiciales.
Por su lado, Martín Camacho, denunció que la Policía Boliviana montó una base de operaciones de Inteligencia cerca del domicilio del Gobernador de Santa Cruz.
El jurista afirmó que la institución del orden “tenía una base de operaciones cerca de la casa del gobernador y tenía como objetivo afectar también a los otros líderes cruceños”, según un reporte de Red Uno. Fue el mismo abogado que indicó, horas antes, que aún no les llegó ninguna notificación del Ministerio Público sobre el inicio investigaciones.
Otra de las acciones que se llevará adelante en la capital oriental respecto a las anunciadas denuncias tiene que ver con la reunión del comité interinstitucional esta tarde, para analizar la situación después del paro de 36 días que cumplieron entre octubre y noviembre pasados, para exigir que el censo se realice en 2023.
El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, confirmó el encuentro para asumir acciones a lo que llamaron una “persecución política” por parte del Gobierno en contra de los impulsores del paro.
Vargas advirtió que en el encuentro se analizarán medidas que no sólo se queden en el apoyo legal a los acusados por el paro. (Santa Cruz, Brújula Digital)