“Dado que ya se sostuvo la reunión con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, solicitamos que su Autoridad reciba en audiencia a los representantes legales de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que representa a 25 instituciones empresariales de cada departamento del país y de cada rubro económico, en la fecha y hora que usted considere y con el objetivo señalado”, se lee en la carta recibida en la Casa Grande del Pueblo la mañana de hoy.

Además de la necesidad de explicar la posición institucional sobre el aumento salarial, la CEPB hace referencia, en su carta, al convenio 131 de la OIT, que ha sido ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 2120 del 11 de septiembre de 2000 y que en su Art. 4 dispone la obligación del Estado de realizar consultas exhaustivas a los empleadores y los trabajadores para fijar el salario mínimo.

En su justificación inicial, la carta suscrita por Luis Fernando Barbery, presidente de la entidad, señala que “la decisión eventual de proponer un incremento salarial, más allá de su cuantificación, implica asumir unos supuestos de normalidad y capacidad económica que, al día de hoy no predican de la realidad del sector productivo, en los diferentes sectores, regiones y escalas de producción. La pandemia ha impactado en todas las unidades productivas del país, extremo que hemos conocido directamente de consultas a las unidades productivas y que se refleja en varios datos estadísticos oficiales, que queremos compartir con su Autoridad”.

Finalmente añade que “el sector productivo formal boliviano no ha recuperado las condiciones de normalidad y estabilidad; a ello se añaden las consecuencias que el mundo entero está soportando por efecto del enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, y que genera mucha incertidumbre respecto a la situación económica que vivirá el país en el futuro inmediato”.

Pacto social

Los trabajadores en general tienen naturales y justas expectativas de mejorar sus ingresos económicos que, demagógicamente los actuales dirigentes de la COB pretenden liderar planteando incrementos que vayan entre el 10 % y 7 %, reflexiona el dirigente sindical Hugo Gonzáles.

Por su parte, los empresarios tienen sus propias observaciones y no aceptan incrementar sueldos y salarios esta gestión bajo el argumento que la inflación del pasado año no fue mayor al 0,1 %, complementa.

Empresa

Aceptando que empresarios y trabajadores tienen razón, la pregunta: ¿Cómo o qué hacemos para satisfacer a ambos sectores siendo que las posiciones aparentemente son irreconciliables? Consecuentemente es importante lograr un factor que acerque a las partes y, en ese intento, observamos que los trabajadores tienen en la empresa la garantía de un sueldo o salario que les permite sostener a sus familias y por su parte, los privados tienen en la empresa la garantía del lucro y recuperación de sus inversiones, sostiene.

“Planteadas así las cosas podemos asegurar que el punto de coincidencia para unos y otros es la empresa, obviamente desde el punto de vista económico sin desconocer sus efectos colaterales, y tenemos al Estado, que le significa ingresos económicos vía impuestos”, apunta.

A partir de lo anterior, estamos en condiciones de proponer el “pacto Social” con base en una combinación de intereses de acuerdo a lo siguiente: Los empresarios tendrán que sacrificar lo magnífico de sus expectativas para arribar a transacciones, sin perder sus ingresos en marcos racionales de retorno del capital invertido; el Estado podrá ingresar en el negocio concediendo beneficios en el pago de impuestos de tal manera que el sacrificio empresarial sea compensado por el Estado, con lo cual los trabajadores podrán acceder a salarios racionales en el marco de la propia capacidad empresarial, asegura.

“Dicho de otro modo, todos habrán de preservar a la empresa en su desarrollo, con la única condicionante que beneficios y sacrificios sean compartidos por empresarios y trabajadores con el apoyo del Estado”, plantea.