Estado pagó por concepto de conciliación, con empresas transnacionales, producto de las nacionalizaciones, durante el gobierno de Evo Morales, más de 609 millones de dólares, lo que demuestra que la Procuraduría General del Estado (PGE) no cumple con su función y solo genera pérdidas, informó el diputado Marcelo Pedrazas (CC).

Señaló que la respuesta a una petición de informe escrito a la Procuraduría reveló que el Estado pagó un monto de 609.171.535 de dólares como producto de las nacionalizaciones, pues esta instancia perdió todos los laudos arbitrales en los que representó al Estado.

“Tenemos información oficial por parte de la Procuraduría que nos ha informado sobre la existencia de 11 procesos en los que el Estado ha hecho pagos a distintas empresas internacionales”, manifestó.

El parlamentario observó que, según el informe presentado, en algunos casos se han hecho conciliaciones sin que las empresas hayan identificado el monto que debía pagarse.

Se cuestiona que más allá de los 40 millones que esta instancia gasta solo en su personal, se contrate a bufetes internacionales para la representación sin que exista trasparencia sobre los recursos económicos que se invierten en este servicio, debido a la existencia de un Decreto Supremo que restringe el acceso a la información y fiscalización.

“Esta institución es una agencia de perdida para todos los bolivianos. Es una institución donde no hay transparencia respecto a las contrataciones que hacen a bufetes satélites, en muchos de los casos hemos visto que se ha contratado a exfuncionarios del gobierno de Morales para ser parte de defensas conjuntas”, indicó.

A inicios de este mes, la comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe para el inicio de un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax. En este caso, el Gobierno pagó una indemnización de $us 42,6 millones tras un fallo dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Desde el gobierno del expresidente Morales, en 2018, se señaló que el decreto de Mesa no se ajustó a procedimientos legales, lo que permitió que Quiborax reclame un pago por sus concesiones.

En este sentido, cuestionó que se destine un presupuesto anual de 42 millones de bolivianos a la Procuraduría, considerando –en su criterio– que es una “agencia de pérdida”.

“Exigimos al Procurador que cumpla la función que tiene dentro de la institución, que no es la de estar paseando en la Asamblea Legislativa como un experto electoral, no es estar como un gran turista viajando a Miami, no es hacerse al gran historiador defendiendo los símbolos patrios. Su función es recuperar el dinero que su cliente Evo Morales nos está haciendo pagar a todos los bolivianos. Caso contrario, que se cierre la Procuraduría y se vaya a su casa, así le hará un favor al país”, sostuvo el diputado.