Son los países de Argentina, Perú y Chile que en los últimos días registraron denuncias escandalosas de privilegios que habrían tenido determinados sectores políticos y del Ejecutivo para ser vacunados.
En Perú esta denuncia se llamó “Vacunagate” y se trató de un gran número de políticos y funcionarios tanto del anterior como del actual gobierno de transición que recibieron las vacunas de forma irregular.
La investigación continúa y son alrededor de 500 personas que recibieron estas dosis de la vacuna china de Sinopharm cuando estaban en etapa de ensayos clínicos.
Algo similar ocurrió en Argentina, con la llamada “vacunación VIP”, también están involucradas autoridades gubernamentales, un embajador y ministros actuales de la administración de Alberto Fernández que fueron beneficiados con la vacuna.
En Chile, país reconocido por su logística en la vacunación que incluso llegó a ser ejemplo de la región, también se dio este escándalo. Unas 37.000 personas se “saltaron la fila” y recibieron las dosis antes de lo que establecía el calendario oficial.
Y a medida que los países de la región van adquiriendo las vacunas de diferentes farmacéuticas, también se van dando estos hechos cuestionados por la misma población.
Bolivia no es la excepción, porque autoridades estatales denunciaron recientemente que los servicios departamentales de salud beneficiaron a clínicas privadas para la administración de vacunas, además de gerentes y administrativos del seguro social que no tienen relación directa con el trabajo en primera línea de atención al Covid-19.
Todos estos escándalos van a la par de la desigualdad por la que atraviesan los países de América Latina, ya que el 75 % de las inmunizaciones aplicadas hasta el día de hoy se ha concentrado en tan solo diez naciones, todas ellas desarrolladas, publicó ANF.
Organismos internacionales como la OMS exhortaron a estos países a buscar equidad para la adquisición de estas vacunas.