Ramos explicó que luego de la crisis del agua que se vivió en ambas ciudades el 2016, se reveló que habían funcionarios que percibían sueldos de hasta Bs 32.000, monto que suma anualmente por el incremento salarial y la antigüedad. Asimismo, dijo que desde el mes de enero la firma contrató al menos 60 nuevos trabajadores con sueldos que van desde 18.390, 17.810, 16.227, 15.092, entre otros montos.

“De los 300 millones de bolivianos anuales que percibe la empresa por pago de facturas por consumo de agua, irregularmente el 52 % es destinado a salarios, el 23 % a gastos de tratamiento y distribución del agua, 10 % a pequeñas obras de renovaciones y ampliaciones del sistema, 10 % al área comercial y 5 % a contrapartes de proyectos”, indicó Ramos.

En ese marco, Ramos lamentó que la pérdida de agua por fugas, conexiones clandestinas e inconsistencias en la facturación que se aproximan al 40 % de la producción de agua, no sean atendidos por “desconocimiento”.

“Existen cuantiosas pérdidas de ingresos por venta de agua producida, más las 70.000 conexiones de agua que no facturan, son efectos negativos respecto a ingresos que no se atiende por desconocimiento”, aseguró.

Por otro lado, el jurista, indicó que Epsas continúa siendo una sociedad anónima, bajo el régimen del Código de Comercio y no es una empresa pública.

“La mayor preocupación es la condición jurídica de Epsas, y no se trata de tener un abogado a la cabeza de la empresa, sino gente con experiencia en el sector para resolver su situación técnica, financiera y jurídica. Su delicada situación podría generar responsabilidades a las autoridades de turno y las que pasaron por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad de Agua y la propia Epsas, que omitieron y obviaron disposiciones vigentes, de lo que se trata es de retomar la constitución de la nueva empresa metropolitana de agua y saneamiento”, aseguró.

Por otro lado, vecinos de las ciudades de La Paz y El Alto, denunciaron a EL DIARIO que los últimos meses recibieron facturas con precios elevados por el servicio de agua, y en algunos casos con cambio de categoría.

“Yo tengo una tienda de barrio pequeña y desde el mes pasado pago más de 50 bolivianos de agua, cuando todo el tiempo pagaba máximo diez bolivianos, fui a reclamar y me han dicho que por mi tienda debo pagar como comercial, eso no está bien, mi tienda es pequeña, ahora voy a tener que cerrar porque solo gano para pagar el agua”, lamentó Rosa Ichuta, vecina de la zona Kupini de La Paz.

“Por la pandemia y porque mi hijo se quedó sin trabajo, hemos abierto la puerta de mi casa y el baño que teníamos en el garaje lo usamos como público, para ganar unos pesos, pero vinieron los de Epsas y nos cambian de categoría a industrial, de 20 bolivianos que pagábamos, ahora debemos pagar más de Bs 200, eso no está bien. Lo peor es que cuando vamos a reclamar, nos tratan mal”, manifestó Teófilo Chuquimia, de la zona Santa Rosa de la ciudad de El Alto.

Este medio buscó la versión del director de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Luis Sivila, pero vanos fueron los intentos ya que no respondió a nuestras llamadas ni a los mensajes de WhatsApp que enviamos.

No obstante se conoció que la AAPS solicitó un informe a Epsas por la reestructuración de la empresa, siendo que los trabajadores denunciaron varios despidos por esta razón.

Los trabajadores manifiestan que existe una “masacre blanca”, pese a la pandemia del Covid-19.

Actualmente, la empresa está a cargo del abogado Miguel Ángel Gonzáles, quien hasta el día de su posesión, ocupó el cargo de Director Jurídico.