Estas comunidades se manifestaron a través de un pronunciamiento en el que cuestionan la política del Estado boliviano de ampliar la frontera agrícola, permitir las “quemas controladas” y su actuación permisiva con los cultivos transgénicos, lo que “está pasando la factura a los pobladores”.

“Además de estar siendo arrinconados por el desmonte y los avasallamientos, sufren también las consecuencias del modelo agroindustrial de monocultivos de maíz y soya transgénica, porque tienen que soportar las consecuencias de la deriva de agroquímicos, producto de la fumigación aérea que se realizan en los predios que han sido deforestados”, se lee en el documento.

Ponen como ejemplo, que en la comunidad Bahía de Marfil los vivientes sufrieron intoxicaciones, fruto de la deriva del agroquímico que utilizan los agroindustriales. “Fumigan para liberarse de las hierbas”, según uno de los afectados.

Sostienen que la fumigación se estaría haciendo con gliofosato, que el año 2015 según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), llegó a la conclusión de que es una sustancia probablemente cancerígena.

Por otro lado, la deriva química que afecta a las comunidades, no solamente proviene del lado boliviano, sino que también, al ser comunidades que se ubican en la frontera, sufren la afectación directa del fumigado que realizan en Brasil.

A ésta situación se añade que debido a la deforestación; los animales silvestres llegan a las comunidades, mismas que se constituyen en refugios y, estos animales se comen la producción agrícola tradicional que consiste en la siembra de maíz, yuca, plátano, entre otros.

“A diferencia de las grandes extensiones de monocultivo que tienen los empresarios, en nuestras comunidades los chacos son verdaderos mercados porque producimos de todo” decía uno de los comunarios afectados, insistiendo en que la forma de aprovechamiento que se ha tenido de los recursos naturales en la zona; nunca fue como lo es ahora, de total deforestación y de implementación de monocultivos.

Ocho de las doce comunidades del Distrito 11 están además en el Área Natural de Manejo Integrado Laguna Marfil y una en el Parque Noel Kempff Mercado, asimismo, han hecho llegar su queja documentada al relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, aprovechando su paso por Bolivia el pasado mes de octubre.

El Distrito Municipal N.º 11 del Municipio de San Ignacio de Velasco, se constituye en una evidencia de que la implementación del modelo agroindustrial, no respeta el Plan de Uso de Suelo PLUS y haciendo caso omiso a la vocación forestal, ha comenzado a desmontar de forma indiscriminada, para incentivar la agricultura extensiva y la ganadería, por lo que las comunidades además de bregar con la presencia de los animales silvestres, la deriva de los agroquímicos, también están siendo afectados por los avasalladores de tierra, que de un tiempo a esta parte se han hecho frecuentes en la Chiquitania ante la vista y paciencia de las autoridades competentes.

Ante la inacción del Estado, que supuestamente es el garante de los derechos, las comunidades acuden a la opinión pública a través de los medios de comunicación, para que no se sigan vulnerando sus derechos humanos a un medio ambiente sano, recursos naturales diversos y agua sin contaminación.

Llegarán hasta la ciudad de Santa Cruz este jueves 8 de diciembre, fecha en la que harán pública su denuncia y, se hará el llamado a la solidaridad de todos aquellos que estuviesen comprometidos con la defensa de la vida. (ANF)