La Gobernación del Beni se sumó a la protesta porque el avasallamiento tapa el frontis del ingreso principal a su maestranza que conecta a la misma carretera y se encarga del mantenimiento de maquinaria pesada. La arbitraria construcción también afectaría a los postes de luz de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE).

En una inspección al terreno, la abogada de Bienes Patrimoniales de la Gobernación, Tita Luz Hurtado, documentación en mano, demostró que, desde el 21 de enero de 1976, el exServicio Nacional de Caminos era dueño del predio y en los planos originales no existe vecino particular alguno y recordó que desde la descentralización administrativa en 1996 el predio pasó a manos de la prefectura del departamento.

En medio de la polémica, el asesor del Gobierno Municipal, Alexis Farah, salió a defender el derecho a la propiedad privada que tiene el dueño del predio y atribuyó los reclamos a una cuestión política. Aseguró que existe un documento de transferencia y uso de suelos de 396 Mts2 del 13 de marzo de 2017 en favor de Ediberto Leiva Alarcón para uso exclusivo de vivienda.

Sin embargo, Farah no tomó en cuenta que la obra iniciada no solo está destinada a vivienda sino también a actividades comerciales. Tampoco se refirió al avasallamiento de la acera ni a la afectación al derecho de vía.

Según el Reglamento de Derecho de Vía, aprobado por Resolución de Directorio N° 022 de la ABC del 30 de mayo del 2008, el derecho de vía “es un bien de dominio público del Estado boliviano constituido por la franja de terreno a cada lado de la vía de 50,0 metros para protección o servicios auxiliares”.

Los denunciantes recordaron que el año 2002 la alcaldía ordenó la demolición de cualquier construcción en este predio y el 23 de septiembre de 2021 anuló el proyecto arquitectónico de nominado “Comercio y Residencial Tajibal” en ese lote por incumplir normativa municipal y pese a estos antecedentes, la alcaldía acabó dando luz verde a la construcción.

Un ingeniero y exfuncionario del SNC dijo que originalmente el terreno correspondió al municipio, pero éste transfirió tres hectáreas al exSNC para fines institucionales. Manifestó que, si la alcaldía consideraba viable dar autorización a un privado, debería consultar al exServicio Nacional de Caminos porque “el diseño estaba destinado a otorgar una amplia salida al camino San Ignacio-San Borja-La Paz que forma parte de la red vial fundamental”.

El secretario general de la Gobernación, Fernando Arias, anunció acciones legales destinadas a paralizar la obra debido que se está afectando un bien público. Las autoridades locales esperan el pronunciamiento de la ABC y ENDE, tomando en cuenta que los transeúntes corren el riesgo de sufrir accidentes. (Trinidad, Erbol)