Tras la aprobación de modificaciones a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz por parte de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el jefe de bancada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, cuestionó que estos cambios se conviertan en un incentivo a la corrupción por la reducción de penalidades para funcionarios que incurran en actos irregulares.

Alarcón señaló que con las modificaciones realizadas a la norma, se puede considerar que esta la ley ahora se convierte en un incentivo para que se cometan actos de corrupción que afecten al Estado.

“En lugar de ser una ley de lucha contra la corrupción, esta es una ley de incentivo para la corrupción” sostuvo el parlamentario.

Precisó que la nueva normativa contempla que se realicen una serie de negociaciones sobre actos de corrupción que permiten a los involucrados quedar en la impunidad o pagar por el delito mediante penalizaciones mínimas en comparación con la normativa anterior.

“A partir de esta ley se genera un escenario de negociación sobre actos de corrupción en Bolivia. El Gobierno dice que si hasta un millón de dólares de corrupción puede extinguirse la acción penal y no llevarse adelante el procesamiento para el delito”, dijo.

Sostuvo que existen ocho delitos contemplados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en los que se ha reducido la pena para beneficiar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.

Las modificaciones señalan que delitos como el peculado pasan de 5-10 años a 3-6 años; en el caso de malversación se elimina la multa y los agravantes; en el uso indebido de influencias se reduce la pena de 3-8 a 3-6 años; en el caso de beneficios en razón del cargo se cambia la pena de 3-8 años a una multa; para las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública se reduce de 5-10 años, a 4 años.

El legislador lamentó que estos cambios se hagande forma apresurada y sin haber socializado suficientemente con los sectores interesados y la población en general.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, en la que se trató esta norma la tarde del jueves, el ministro de Justicia, Iván Lima, expuso los motivos y detalles del proyecto de ley, donde enfatizó que no afecta los principios de constitucionalidad, claramente establecidos en la Carta Magna.

“El proyecto de ley será una norma que no busca la impunidad, más bien, es todo lo contrario, es una norma que busca una justicia eficaz y eficiente. También debo recalcar que una ley no puede modificar la Constitución Política del Estado, no afecta los principios de constitucionalidad”,señaló Lima.

En esa línea, el diputado por el Movimiento al Socialismo, Jhonny Pardo, ponderó las cualidades de la normativa en tratamiento y destacó que la misma, fue suficientemente socializada con sectores sociales del país.

Tras su aprobación en diputados esta norma fue remitida a la Cámara Alta para su respectiva revisión.