El senador Erick Morón (Creemos) cuestionó que el Gobierno mantenga en vigencia la figura de las alertas migratorias, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), por estar en contra de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza la libre movilidad de los ciudadanos.

Señaló que en la actualidad se continúa aplicando, de forma ilegal, la figura de alerta migratoria, que no está contemplada en la Constitución Política del Estado (CPE) ni otras normativas vigentes en la legislación boliviana.

“Es una ilegalidad que se está cometiendo desde el gobierno de transición hasta la fecha, es una herencia maldita que estamos teniendo los bolivianos que es el tema de las alertas migratorias”, indicó el legislador.

Sostuvo que esta figura procede de un convenio gestionado por el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y la Fiscalía General del Estado (FGE), que en su momento fue denunciada por el Movimiento al Socialismo (MAS) y que ahora continúa siendo aplicada de forma irregular.

“El Ministro de Gobierno, quien en el pasado denunció y se quejó de que las alertas migratorias estaban fuera de la ley, lamentablemente ahora se queda en silencio y, más aún, se mantiene la disposición que ellos mismos denunciaron”, dijo.

Morón advirtió que con este tipo de recursos se mantiene a la población en estado de indefensión, en lo relacionado a la movilidad, pues son los jueces los encargados de determinar que ciudadanos no pueden movilizarse, por tener procesos pendientes.

“La alerta migratoria es una figura que se usa y puede ser instrumentalizada para la persecución de cualquier ciudadano boliviano, sin haber pasado por un juez que emita una orden de arraigo”, indicó.

Anunció, además, que en su calidad de asambleísta nacional presentó una petición de informe escrito al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno, con la finalidad de que estas instancias expliquen por qué se continúa usando esta figura sin que este contemplada en la CPE.

Una alerta migratoria, teóricamente, es una medida precautoria que ordena a los funcionarios encargados de cuidar las fronteras, que se incremente la vigilancia y que no se permita la salida o el ingreso de una persona imputada contra la cual se activó la alerta.

Sin embargo, si una persona está siendo perseguida y acosada políticamente sin que se le haya podido probar ningún delito, la alerta migratoria estaría violando su derecho a la libre circulación, que incluye la salida e ingreso al país y que está establecido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el ex director general de Migración, Marcel Rivas, en enero de 2020, suscribieron un convenio interinstitucional de cooperación, que puso en vigencia mecanismos de acceso a información del Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración, con datos del Sistema Informático Justicia Libre de la Fiscalía, para que se tenga información respecto a los mandamientos de aprehensión y arraigos de determinados ciudadanos.