Desde la oposición, justifican las medidas señalando que el derecho a la protesta del sector médico está garantizado en la Constitución Política del Estado y en una resolución del Tribunal Constitucional, por lo que las determinaciones asumidas son plenamente legales y justas.
Por parte del oficialismo, el diputado, Juanito Angulo, manifestó que los dirigentes que promueven estas medidas serán responsables de todos los daños que se puedan causar a la salud de la población, además de calificar a las medidas como actos irresponsables y criminales.
“Esta es una decisión, o un paro criminal por parte del sector salud, entonces ellos tienen que ser responsables, o serán responsables de todos los sucesos y hechos que contravengan con estos paros en contra de la vida y la salud” dijo.
Insistió en que el sector movilizado debe entender que sus demandas están en segundo plano ante el derecho a la salud, como se establece en la carta magna.
“Pero que entiendan bien, su derecho a movilizarse es un derecho de segunda generación dentro de la Constitución Política del Estado, hay un derecho fundamentalísimo que es el derecho de primera generación, y para informarles a los dirigentes médicos es el derecho a la salud y a la vida”, afirmó.
Al respecto, el jefe de bancada de diputados de la agrupación Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, sostuvo que las protestas de los profesionales y trabajadores del sector salud están plenamente reconocidos por la Constitución y otras resoluciones, además que sus demandas son justas y buscan mejoras en la salud, por lo que está de más el buscar criminalizar estas protestas.
“Los médicos tienen su derecho a la protesta, hay hasta una sentencia constitucional que reconoce en el tema de los médicos el derecho a la protesta, si está en un fallo del Tribunal Constitucional y en la Constitución, obviamente que eso no puede ser considerado una actuación delictiva o criminal, está como un derecho”, señaló.
Cuestionó que en el momento que más se le debe al sector médico a causa de la emergencia sanitaria es cuando se debió escuchar a sus representantes en la redacción de la ley para la emergencia sanitaria.