La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí conformó una comisión especial para fiscalizar el caso ambulancias, tras denuncias de irregularidades con la contratación de la empresa importadora, sin embargo, solo tomó en cuenta a asambleístas del MAS entre los integrantes, lo cual causó protestas de opositores.

La legisladora departamental Azucena Fuertes, de la alianza opositora Puka Sonqo, afirmó que el oficialismo “impuso su rodillo con el voto en favor de siete asambleístas y excluyó a las fuerzas de la oposición de un proceso de investigación que requiere de la mayor transparencia”.

La gestión del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani (MAS), está sumergida en un escándalo por el caso denominado “ambulancias fantasma”, pues se compraron 41 ambulancias a una empresa recién creada y que no entregó esos bienes en los plazos previstos en el contrato.

“A diferencia de anteriores comisiones, el MAS se impuso. Mandan al ratón a cuidar el queso y no han permitido que otras fuerzas políticas minoritarias participen de esta comisión. Sospechamos es que se quiere tapar este escandaloso hecho de corrupción”, dijo Fuertes.

La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí sesionó de manera extraordinaria este viernes para conformar la comisión especial que investigará el proyecto, que fue diseñado para “fortalecer con ambulancias a las Redes de Salud de los gobiernos municipales del departamento de Potosí”.

Marcial Ayali, presidente de la entidad legislativa regional, afirmó que “se planteó la participación de un miembro de las minorías en la comisión”, pero “no tuvo ningún apoyo”. Señaló que en la Asamblea existe “una sola bancada”, pues para que exista alguna más debería “tener al menos cuatro asambleístas”.

Los opositores le reclamaron en la sesión, porque el MAS se impuso a través del voto y, en ese marco, indicaron que existe una vulneración de derechos a la minoría legislativa.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que la anulación del contrato para la compra de 41 ambulancias por la Gobernación de Potosí no diluye las responsabilidades que puedan existir al respecto, por lo cual el Viceministerio de Transparencia tomó cartas en el asunto.

En este caso se denunciaron presuntas irregularidades en la contratación por 20,5 millones de bolivianos a una empresa de reciente creación, para la compra de 41 ambulancias. Incluso la Gobernación potosina emitió un acta de recepción, cuando los vehículos no habían llegado al país.

El ministro Lima resaltó que el contrato fue anulado y que no se pagó recursos del Estado, pero “eso no es suficiente”

“Desde la perspectiva del Gobierno y nuestra política de cero tolerancia a la corrupción, es necesario que analicemos todo el procedimiento y las responsabilidades que se puede generar”, dijo Lima.

Explicó que la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, tiene un equipo trabajando en Potosí y se espera que el lunes se tenga una conferencia de prensa, para informar sobre las acciones que se tomarán.(Potosí, agencias)