Tras la entrega del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia en 2019, el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y Plataformas 21F expresaron su decisión de impulsar acciones conjuntas por la defensa de la democracia, la búsqueda de justicia sin impunidad y por el respeto a la libertad de expresión sin censura a manifestaciones de protesta.

Estas organizaciones emitieron un comunicado conjunto en el que se hacen precisiones sobre el informe entregado por el GIEI, señalando que las violaciones a los derechos humanos a los que se hace referencia buscaron generar terror y amedrentar a la población en 2019.

“Del Informe se evidencia que, entre los meses de septiembre y diciembre de 2019, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos en varias zonas del país, con el resultado de muertes, personas heridas, agresiones; además de destrucción de propiedad pública y privada; acciones para generar terror y amenazas contra la vida y la integridad de las personas”.

Señalan que el estudio entregado en la víspera confirma que fue provocado por los intentos del expresidente Evo Morales para permanecer en el poder a toda costa, apelando a la violación de la CPE y el desconocimiento de los resultados del referéndum vinculante del 21F.

“El informe confirma la certeza de que las causas determinantes de la crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la CPE, el Referendo del 21-F, la institucionalidad democrática”, se señala.

Agrega que en el Informe se infiere que las investigaciones en Bolivia por violaciones a los derechos humanos, especialmente con relación a todas las muertes ocurridas, por acción directa de las fuerzas de seguridad del Estado o de particulares, podrían quedar en la impunidad y ser politizadas a través de una fiscalía y justicia selectivas, si no se dejan sin efecto la amnistía e indulto discriminatoria del presidente Arce Catacora y el arbitrario sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el Fiscal General del Estado.

Señalan que para llevar adelante procesos de investigación y sanción contra quienes resulten responsables de estos hechos, el cambio de operadores fiscales y judiciales que conocerán estos hechos resulta imprescindible, porque el sistema judicial no cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia e idoneidad, para encontrar la verdad e imponer recta justicia, como condiciones para una paz verdadera.

De esta manera, se sostiene que las organizaciones que firman el comunicado ratifican su decisión de impulsar acciones conjuntamente en defensa de la democracia, la búsqueda de justicia sin impunidad de ningún tipo, el respeto a la libertad de expresión y la no censura a la protesta.