La Federación Andina de Choferes Primero de Mayo de El Alto dio plazo de 72 horas al Gobierno para abrogar el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Anunció asumir un paro general, en caso de incumplimiento, según el dirigente Víctor Tarqui.

La determinación fue tomada en ampliado de emergencia, en el sector de los choferes del transporte público de minibuses, donde se reunieron más de 150 sindicatos afiliados al ente matriz de los operadores en la ciudad de El Alto, además acordaron estado de emergencia permanente hasta lograr una respuesta positiva a su demanda.

“Queremos hacer conocer al Gobierno que el rechazo es contundente por parte de todos los secretarios generales de los diferentes sindicatos que pertenecen a nuestra federación, tanto urbanos, interprovinciales como interdepartamentales y el transporte pesado, donde se ha exigido el cumplimiento de este pedido a las autoridades nacionales”, advirtió el dirigente Tarqui.

Dicho proyecto de ley de ganancias ilícitas es totalmente atentatorio para el sector del transporte automotor, según los afiliados, los operadores temen a ser en cualquier momento detenidos y procesados por los pocos bienes que tiene cualquier chofer de base.

El dirigente señaló que este proyecto de ley no solo afectará a su sector, sino el 80 % de los trabajadores del país se encuentran en este riesgo de perder lo poco que tienen de bienes conseguidos en muchos años de sacrificio para sus familias.

“Lo que señala este proyecto de ley es que a sola denuncia, nuestros bienes estarían en riesgo de que nos quiten, por eso estamos dando 72 horas de plazo al Gobierno para que anule y deje sin efecto la misma, caso contrario y de persistir con esta intención de socializar, tal como es el disimulo, nosotros no vamos a permitir, ninguna de estas actitudes muy bien camufladas por parte de algunos diputados y senadores pertenecientes al partido de gobierno”, manifestó el dirigente de los choferes de El Alto.

Las medidas que anunciaron los choferes de El Alto, en caso de no tener una respuesta a la anulación del proyecto de ley de las ganancias ilícitas, anunciaron paros y bloqueos a nivel local como una primera medida, pero de continuar con este tema por parte del Gobierno, una segunda etapa de la protesta está acordada una movilización nacional.

Recordaron al Gobierno que en este plazo de 72 horas, el estado de emergencia en el sector del autotransporte de la urbe alteña será permanente a partir de la fecha, hasta lograr el cumplimiento de esta demanda, con la finalidad de conseguir la anulación del proyecto de ley, calificado como atentatorio para la población boliviana.

El dirigente Tarqui dijo que se encuentran en constantes reuniones con los representantes de las demás federaciones a nivel nacional, con la finalidad de poder tomar cualquier decisión de movilización, pero primero esperarán las 72 horas de plazo que se está dando al Gobierno para que se anule este documento.