El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) y la Fundación Tierra presentaron ayer la publicación “La suplantación conculcatoria de un derecho”: El derecho indígena a la consulta en el marco de las operaciones mineras, hidrocarburíferas y de construcción vial en Bolivia”.

La presentación tuvo lugar anoche en la Sala 3 Emma Villazón (Bloque Rojo, planta alta), en el marco de la 26 Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz. El texto fue comentado por el jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia, Antonio Menéndez de Zubillaga; y la presidenta de Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Willma Mendoza Miro; además del autor del libro Alejandro Almaraz.

El autor analiza, desde una perspectiva crítica, el ámbito legal que ampara el derecho a la consulta previa, libre e informada, como derecho de interés social, primero, por su carácter colectivo que representa para los pueblos indígenas y, segundo, por su carácter medioambiental con el que está íntimamente relacionado.

Almaraz examina este derecho desde dos ámbitos: el material –como lo denomina– relacionado al accionar de las industrias extractivas, como la minería, la hidrocarburífera, además de la construcción vial, por ser estas “los de mayores impactos negativos sobre el medio ambiente, así como entre los más problemáticos frente a la vigencia de los derechos indígenas”, menciona; y desde lo legal, a través de un repaso crítico del marco normativo que ampara este derecho, tanto en la Constitución Política del Estado de Bolivia y las normas menores que se desprenden de ella, y de la normativa internacional como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que fueron ratificados por Bolivia.

El autor de la obra, si bien reconoce el avance existente en Bolivia en cuanto a reconocimiento y adopción de reformas legales e institucionales a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, a la cual califica como uno de “los casos más avanzados en el reconocimiento formal de derechos ambientales e indígenas”, también establece que “en los últimos años, han venido siendo cada vez más frecuentes las denuncias y evidencias de vulneración de esos derechos reconocidos y garantizados. Más aún, en este lapso, Bolivia se ha convertido en uno de los países con mayores problemas ambientales, con mayor destrucción de la naturaleza y mayor pérdida de biodiversidad en todo el mundo. Al mismo tiempo, es uno de los mayores emisores de carbono a la atmósfera per cápita. Estos datos, por sí solos, revelan la dramática ineficacia de las avanzadas reformas legales e institucionales adoptadas por el Estado boliviano en defensa de la madre tierra y de los pueblos indígenas, y generan inquietantes dudas y presagios sobre el futuro de los mismos”, indica el autor en relación al primer ámbito de análisis.

En el caso del ámbito legal, Almaraz aborda la problemática desde una perspectiva integral del ejercicio de los derechos colectivos sobre el medio ambiente y los bienes naturales comunes; “las formas de la consulta distintas a la destinada a las poblaciones indígenas, han tenido un muy escaso y apenas relevante desarrollo en el país, siendo muy poco lo que puede decirse de ellas, en la realidad concreta de Bolivia, más allá de esa situación”, expresa.

La publicación es una coedición de Cejis y Fundación Tierra, instituciones que forman parte de la Alianza por el Ambiente y el Territorio, apoyada por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI) en Bolivia.