Las propuestas planteadas por Unicef en el documento van más allá de la coyuntura electoral, buscan asegurar que quienes se posesionen como nuevas autoridades asuman que los derechos de niñas, niños y adolescentes son prioridades que no deben ser olvidadas.

“Es prioritario que candidatas y candidatos tomen plena conciencia de la situación en la que viven niños, niñas y adolescentes de sus territorios y que su compromiso se traduzca en acciones efectivas y hechos contundentes en caso de ser electos”, señaló el representante de Unicef en Bolivia, Rafael Ramírez.

Las niñas y niños bolivianos son cuatro millones de personas, el 38% del total de la población y con los adolescentes suman algo más del 43%, y en muchos municipios representan más del 50% de su población (INE, Proyecciones de población 2012 – 2022). Si bien ellos no votan, los candidatos debieran incluir sus voces, demandas y necesidades en las políticas públicas garantizando la igualdad de oportunidades y su desarrollo pleno.

DETRÁS DE CADA NIÑA O NIÑO HAY UNA HISTORIA REAL

Información recogida por Unicef muestra que muchas niñas y niños no gozan de un pleno ejercicio de sus derechos y sufren de violencia. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado el año 2020, 51 niñas y niños fueron víctimas de infanticidio.

Según el documento “Características Educativas de Bolivia, Censos 1976, 1992, 2001 y 2012” publicado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016, menos de la mitad de los niños de entre 4 y 5 años tienen acceso a servicios de primera infancia; por otra parte, en 2020 se clausuró anticipadamente la gestión escolar y consecuentemente casi 3 millones de niñas, niños y adolescentes fueron alejados en diverso grado de sus procesos de aprendizaje. La Encuesta de Demografía y Salud 2016, revela que el 14,8% de las niñas y adolescentes de 15 a 19 años, ya son madres o están embarazadas por primera vez.

Acción 1. Desarrollo integral de la primera infancia. Los primeros seis años de vida son la etapa más crítica para el desarrollo, sobre todo los primeros mil días de vida, desde la concepción hasta los dos años. Es el momento clave para garantizar el pleno desarrollo de la infancia a través de la nutrición, alimentación, afecto y proporcionándoles un ambiente adecuado para que su cerebro desarrolle su máximo potencial y a plenitud de sus capacidades.

Entre las siete acciones que pueden tomar los municipios figura el asegurar recursos financieros para el funcionamiento o apertura de centros infantiles para el desarrollo integral de niñas y niños menores de tres años. A su vez, dos de las seis acciones sugeridas a gobernaciones es realizar convenios con municipios para la implementación de modalidades de atención a la primera infancia.

Acción 2. Protección de la infancia, niñez y adolescencia. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia; sin embargo, muchos de ellos aún viven en la pobreza, son discriminados, marginados, abandonados o maltratados. A los municipios se propone cuatro acciones, una es asegurar el presupuesto para el funcionamiento especializado y de calidad de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, con equipos técnicos multidisciplinarios que permitan desarrollar acciones de protección, promoción y restitución de derechos. A las gobernaciones se les plantea siete acciones, una de ellas es asegurar presupuesto para el funcionamiento especializado y de calidad de programas y servicios de protección contra la violencia, el abuso y la explotación de niñas, niños, adolescentes (NNA) y mujeres.

Acción 3. Acceso a una educación de calidad. La crisis sanitaria por el Covid-19 implicó en 2020 la suspensión de clases presenciales y su remplazo por la modalidad virtual y a distancia y, posteriormente, la suspensión definitiva de los procesos formales de educación o clausura del año escolar. Unos 2.9 millones de niños, niñas y adolescentes no ejercen su derecho a la educación para evitar el contagio. Con el deterioro de aprendizajes aumenta la probabilidad de abandono escolar sobre todo en hogares que experimentan pobreza.

El tema educativo es central para Unicef, por eso se pide a los municipios nueve acciones, dos son establecer convenios y/o contratos con empresas de internet y garantizar conexión gratuita a todos los estudiantes y ampliar la oferta de educación inicial.

Por su lado, las gobernaciones debieran garantizar la educación regular, la formación técnica y/o inserción laboral a adolescentes con responsabilidad penal con medidas sustitutivas a la detención.

Acción 4. Empoderamiento y participación de niñas, niños y adolescentes (NNA). Las decisiones para el desarrollo del municipio o del departamento se toman sin la participación de niños, niñas y adolescentes.

Entre las seis tareas que deben liderar los municipios está conformar y garantizar que funcionen los Comités Municipales de NNA, y crear y fomentar espacios de consulta con dicha población. Entre las cuatro labores de las gobernaciones, una de ellas es conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Departamental de NNA y crear espacios de participación para ellas y ellos.

Acción 5. La infancia, niñez y adolescencia primero. Por su cercanía a la ciudadanía y el conocimiento de las condiciones de vida de la población en su territorio, el nivel municipal y regional es fundamental para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El diseño de políticas debe conocer la situación de la población hacia la que están dirigidas, se necesita generar la evidencia necesaria que respalde las políticas, planes y programas departamentales y municipales. El diagnóstico de situación de la niñez y adolescencia con enfoque de derechos es el punto de partida que debe orientar las decisiones del Estado como garante de los derechos y la identificación de los problemas que limitan el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.