El Gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, aunque sostiene que hace esfuerzos significativos, revela el “Informe sobre Trata y Tráfico de Personas, julio 2022” del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“El Gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de covid-19 sobre su capacidad de combatir la trata; por lo tanto, Bolivia permaneció en el nivel 2”, afirma el documento al que accedió Brújula Digital.

Los esfuerzos, según EEUU, incluyeron aumentar las investigaciones sobre trata, condenar a más tratantes, identificar a más víctimas y aumentar la capacitación de los agentes de la aplicación de la ley y los fiscales para combatir la trata de personas.

El informe que señala que: “el Gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”.

Destaca que las autoridades adoptaron un nuevo protocolo de identificación de víctimas y un mecanismo de derivación y capacitaron a los funcionarios de los departamentos sobre su uso.

“Sin embargo, el Gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave. Las autoridades procesaron a menos tratantes, los servicios especializados para todas las víctimas en todo el país continuaron siendo escasos y los esfuerzos para enfrentar el trabajo forzoso fueron insignificantes”, puntualiza el informe.

En el ámbito del periodista, el reportaje de investigación titulado: “De La Paz a Mapiri en la ruta amazónica: de la extracción del oro a la explotación sexual de menores” revela la fuerte conexión entre la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y delitos conexos con el avance del extractivismo en el norte del departamento paceño.

La investigación de la periodista Jimena Mercado y la fotoreportera Wara Vargas muestra la debilidad institucional de la Policía y la Fiscalía en abordar el flagelo de la trata de personas en la ruta aurífera por falta de personal especializado en los municipios auríferos que forman parte de la ruta escabrosa y operativos en las zonas rojas de este y otros delitos conexos.

Solo en la gestión 2020 -año de pandemia y hasta de encierro forzado- se registraron 1.335 denuncias de casos de trata y tráfico de personas y delitos conexos, donde las víctimas menores de edad representaron 191, poco más del 14 %.

No es casual que el departamento de La Paz -que concentra el 72 % de la producción del oro a nivel nacional de acuerdo con datos oficiales- encabece la lista con 169 de las 523 denuncias relacionadas a la trata y tráfico de personas y delitos conexos.

El sistema judicial también adolece de eficiencia al momento de sancionar los delitos tipificados como trata y tráfico de personas y delitos conexos por tipo de delito.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía de la gestión 2020, de 713 casos cerrados de trata y tráfico de personas y delitos convexos por tipo de delito, 524 fueron rechazados, 88 desestimados, 43 sobreseídos, 20 llegaron a juicios abreviados y así sucesivamente. Solo 15 casos llegaron a condena.

Según datos sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y delitos conexos del periodo 2019 elaborado por la Fundación Munasim Kullakita (FMK), basada en investigación propia, se reportaron un total de 338 casos de los cuales 13 correspondieron a la trata de personas, seis a pornografía, 107 de proxenetismo y 212 por violencia sexual comercial.

RECOMENDACIONES

PRIORIZADAS

El Departamento de Estado de EEUU destaca entre sus recomendaciones al Estado boliviano: 1) Brindar servicios de protección a las víctimas para todas las víctimas de trata y brindar servicios en todo el país, 2) Aumentar los esfuerzos para investigar, enjuiciar y condenar a los tratantes, incluidos los perpetradores de trabajo forzoso y delincuencia forzada, 3) Designar inspectores de trabajo especializados y capacitar a todos los inspectores de trabajo sobre identificación de víctimas y derivación penal de casos de trabajo forzoso.

También recomienda ampliar la capacitación de los funcionarios sobre el uso de los protocolos establecidos para la identificación proactiva de las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables y para la derivación de las víctimas a los servicios de atención, finalizar, aprobar y financiar el Plan de Acción Nacional (PAN) 2021-2025, desarrollar e implementar un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la trata para reconciliar datos duplicados almacenados en diferentes sistemas.

También plantea evaluar a los migrantes venezolanos desplazados en busca de indicadores de trata, incluidos los individuos en actividades de sexo comercial y aquellos que trabajan en sectores de alto riesgo, modificar la ley contra la trata de personas para garantizar que no se requiera una demostración de fuerza, engaño o coerción para constituir un delito de trata sexual de niños.

El Departamento de Estado de EEUU también recomienda instruir al personal del Ministerio de Salud para que evalúe a las poblaciones vulnerables en busca de indicadores de trata al realizar exámenes médicos, además de proporcionar intérpretes para ayudar a los funcionarios encargados de aplicar la ley que investigan casos de turismo sexual infantil en lugares turísticos populares.

Se recomienda aumentar el tiempo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley prestan servicios en las unidades contra la trata de personas para preservar el conocimiento institucional, agilizar la emisión de visas humanitarias para víctimas de trata, así como capacitar a los funcionarios sobre la diferencia entre el tráfico y la trata de personas.

“Aplicar la ley contra la trata de personas de manera apolítica y no discriminatoria”, es otra de las recomendaciones que se lee en el informe actualizado a julio de este año. (Brújula Digital)