La Asociación de Propietarios de Farmacias de La Paz (Asprofar) demanda la modificación de la Ley del Medicamento 1737 para establecer que las farmacias sean de propiedad exclusiva de los profesionales del sector, con la finalidad de evitar la venta de medicamentos a cargo de personas sin la formación académica, de cuidar la salud pública y evitar la especulación.

La presidenta de los profesionales farmacéuticos, María Otilia Tórrez, explica qué desde la vigencia de la Ley del Medicamento, desde diciembre de 1996, se permite el funcionamiento de farmacias solo con el requisito de contar con un regente farmacéutico. La realidad ha demostrado que los profesionales son despedidos y las farmacias quedan a cargo personas que no poseen la capacidad requerida en la provisión y dispensación de medicamentos.

Según Asprofar, la legislación del sector ha sido vulnerada y ello ha dado lugar a que profesionales de otras ramas como sociólogos, auxiliares de enfermería y hasta mecánicos terminen administrando farmacias.

Entre sus argumentos, los profesionales farmacéuticos afirman que su labor va más allá de la venta de medicamentos y se convierten en guías en la elección del producto adecuado a cada receta médica, además de hacer un seguimiento a la evolución del estado de los pacientes.

ESPECULACIÓN

Las denuncias sobre especulación de precios, con niveles excesivamente elevados, en la venta de medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades derivadas de la covid-19 son el efecto de la “liberación del ejercicio y derecho profesional”, expresó Tórrez.

Mientras los profesionales de las farmacias ofrecen calidad, seriedad y garantía a los pacientes, otras proveedoras comerciales que no cuentan con un especialista incurren en elevación arbitraria de precios. “Queremos que la población pida ser atendida por un profesional”, expresa la representante.

Preocupa al sector que la profesión de farmacéutico sea distorsionada por ocasionales auxiliares que, tras una corta preparación de tres meses, quieran equipararse a especialistas que obtienen una formación universitaria de seis años, además de la defensa de una tesis o examen de grado.

PRECIO ÚNICO

Frente a las denuncias de elevación de precios en medicamentos, Asprofar reclaman la vigencia del “precio único” de venta. Bajo este principio, las empresas fabricantes tendrían que aplicar un precio timbrado e impreso en el envase de cada producto y con ello se evitaría ventas por volúmenes grandes con descuentos variables.

“(Pero) las farmacias que no pertenecen a las grandes cadenas de ventas terminan en desventaja porque no obtienen el mismo descuento y ello afecta al consumidor final”, explica.