Una vez entregado el informe final sobre los hechos de violencia tras las elecciones anuladas de 2019, elaborado por el grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distintas autoridades y personalidades del ambiente político nacional expresaron criterios sobre el contenido del estudio.

A pesar de que en las conclusiones del informe presentado se pide no usar el contenido de este estudio para perseguir políticamente a ciudadanos, el presidente constitucional del Estado, Luis Arce Catacora, señaló como principal responsable por los hechos de violencia al gobierno de Jeanine Añez y pidió que la ALP agilice un juicio para establecer responsabilidades.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor tiempo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de DDHH”, señaló luego que representantes del GIEI le hicieron entrega del informe final.

Anunció que, atendiendo a una de las sugerencias expresadas en este informe, se procederá a la desestructuración de todas las organizaciones irregulares que se formaron para ejercer acciones “parapoliciales” en 2019, apuntando directamente al grupo denominado “Resistencia Juvenil Cochala”.

“Siguiendo la sugerencia del GIEI vamos a desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralelas al Estado”, dijo.

Asimismo anunció un censo de las víctimas para avanzar en la reparación integral de los daños sufridos.

Al respecto, el líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert, desde su cuenta de Twitter, respaldó el informe y destacó el punto en el que se hace referencia a la necesidad de reformar el sistema judicial como garantía de procesos justos para los que resulten implicados en violaciones s los derechos humanos.

“Coincidimos y respaldamos el informe del GIEI: la reforma del sistema judicial y fiscal, el cambio de sus operadores son requisitos para garantizar justicia y debido proceso en los casos que deben juzgarse. Hoy, jueces y fiscales sometidos al MAS no son confiables ni imparciales”, expresó el exmandatario.

Sobre este tema, el expresidente Jorge Quiroga fue más cauto y señaló que espera estudiar con más detalle el informe presentado antes de emitir comentarios, más sostuvo que lo que está claro es la necesidad de reformar la justicia y no continuar con los actuales administradores de justicia pues estos se encuentran al servicio del partido gobernante.

“Leeremos cuidadosamente el detallado informe del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para emitir criterios informados, equilibrados y completos. Sí está claro que sus recomendaciones, o investigaciones derivadas, necesitan una justicia independiente en Bolivia, en lugar de la actual guillotina azul”, manifestó.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó que el contenido del informe elaborado por el GIEI presenta elementos importantes que podrían ser presentados ante Cortes de justicia internacionales a fin de profundizar en la búsqueda de justicia.

“Hemos tomado nota de la publicación del informe GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos a ser presentados ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el diputado opositor, Alejandro Reyes, sostuvo que el informe señala el origen del conflicto en la postulación ilegal de Morales en 2019, hecho que generó todos los escenarios de violencia vividos en el país en ese año.

“Informe de la GIEI muestra como origen de los conflictos la postulación ilegal de 2019 por Evo Morales; la intención de confrontación de ciudadanos, y la violación de DDHH. Por lo que, la mala interpretación y omisión de partes tiene como fin la distorsión política del Gobierno”.

Sobre los anuncios apresurados para iniciar procesos en la ALP, Erwin Bazán, diputado de la agrupación Creemos, anunció que esta organización política no se prestará a los deseos de venganza manifestados desde el oficialismo y se espera que se generen espacios de investigación responsable.

“Nosotros no nos vamos a prestar a la idea vengativa que tiene el Movimiento al Socialismo, lo que para ellos creen que es justicia. Debemos establecer mecanismos de auténtica investigación” dijo, en respuesta a declaraciones del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien pidió a la oposición cumplir con su palabra y dar viabilidad al juicio de responsabilidades en contra de la gestión de Añez.