Ante anuncios de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) por procesar a los expresidentes Mesa y Quiroga por haber avalado un supuesto golpe de Estado, el diputado por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, calificó a estas declaraciones como represalia política por las denuncias presentadas ante la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga los hechos de violencia del año 2019.

El presidente de la bancada de CC denunció que las palabras del senador Loza responden a una represalia por la carta que Carlos Mesa envió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investiga los hechos de violencia de 2019 en la cual también expone puntos que prueban que se produjo un fraude electoral.

Alarcón precisó que el contenido de la carta demuestra mediante testimonios y otra documentación, la responsabilidad directa de Evo Morales y su entorno, en los hechos de violencia derivados del fraude electoral en los comicios presidenciales que, posteriormente, fueron anulados.

“Consideramos que esta es una represalia política nuevamente de criminalización de la vida política en el país contra Carlos Mesa y otros líderes que han defendido la democracia como consecuencia del fraude y de los hechos de violencia promovidos por el expresidente Evo Morales y otras altas autoridades”, señaló.

Calificó como una represalia política que estas amenazas se den horas después de que Mesa haya realizado este aporte en la investigación en el que demuestra la responsabilidad del exmandatario en la convulsión social desatada después del proceso electoral de 2019.

“Es una represalia por la carta que el día de ayer ha enviado Carlos Mesa al grupo de expertos de la CIDH que están investigando estos hechos de violencia ocurridos el año 2019. Los principales responsables y autores del fraude electoral y de los hechos de violencia pasado este proceso, son Evo Morales y su cúpula de gobierno”, indicó.

Por estas razones, anunció que esta agrupación política enviará una nueva misiva al GIEI en la que se pida dar a conocer las garantías con las que cuentan las personas que se presentan a declarar para esclarecer los hechos de violencia, ante el peligro de que se les inicien procesos que responden claramente a una manipulación del partido oficialista sobre el Órgano Judicial.

Las declaraciones del diputado Alarcón responden a los anuncios realizados en las últimas horas por el senador Leonardo Loza, quien señaló que se iniciará un proceso en contra de líderes políticos e incluso un magistrado del Tribunal Constitucional por haber participado en el supuesto golpe de estado en el 2019 y no haber probado sus denuncias por fraude electoral.