Un grupo de activistas ambientalistas que defienden la Unidad de Conservación Patrimonio Natural Güendá – Urubó fue atacado por comunarios de Buena Vista y Porongo, que se encuentran realizando una vigilia en las puertas de la Gobernación exigiendo la abrogación de la ley 208 y dar luz verde a una carretera que atraviesa el área protegida.

Producto de la agresión, al menos siete personas resultaron heridas, dos de ellas debieron ser trasladadas a centros médicos, ya que presentaban cortes en la cabeza, quemaduras, además el impacto de un perdigón.

Desde la Gobernación, el asesor de Gestión, Efraín Suárez, denunció la violencia ejercida por parte de los comunarios que exigen la abrogación de la ley contra los ambientalistas, quienes a la vez piden respeto a la naturaleza y al reservorio de agua que abastece del líquido elemental al 60 % de la población del departamento de Santa Cruz.

“No tenemos problemas contra las protestas, porque es un derecho, pero mientras no se causen daños a las personas, esto pasó el límite”, denunció Suárez.

Las personas fueron heridas por piedras y palos que lanzaban en su contra, también sufrieron quemaduras provocadas por petardos que eran disparados a quemarropa contra los activistas ambientalistas.

DEMANDA

La Gobernación presentó una demanda en contra del presidente de la Comisión Impulsora de la carretera, Fernando Vásquez, por incitación a la violencia y daños a los bienes del Estado durante las protestas por el acuífero de la Unidad de Conservación Patrimonio Natural (UCPN) Güendá – Urubo.

Efraín Suárez confirmó la presentación de la demanda ante el Ministerio Público y que ésta ya fue admitida, por lo que se espera que los fiscales actúen de inmediato.

“Nosotros no tenemos ningún problema en contra de las protestas porque es un derecho, pero cuando ya genera violencia es un tema delictivo. Estamos frente a actitudes delincuenciales y hacemos responsable al señor, Edil Fernando Vázquez, porque es el incitador de todos los actos delincuenciales”, expresó ante los medios de comunicación.

En tal sentido hizo un llamado al Ministerio Público para que en el marco de la denuncia admitida cite al señor Vásquez y se apersone a las afueras de la Gobernación para que lo aprehenda por los delitos en flagrancia.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que pueda detener a esta persona y sentar un precedente de que nadie está por encima de los derechos de la colectividad”, remarcó.

NO ABROGARÁN LEY

No vamos a abrogar una ley, vamos a seguir defendiendo el agua y por supuesto vamos a seguir peleando, no vamos a abrogar esa ley; buscamos el diálogo y el consenso, pero no vamos a permitir que hordas delincuenciales masistas atropellen a nuestra gente”, expresó la asambleísta Estibaldiz Bravo.

Por su parte, la también asambleísta por la provincia Andrés Ibáñez, Keila García, afirmó que la gente que está protestando al parecer es pagada por el MAS.

“Cómo puede ser que estén pidiendo que abroguemos una ley que va ir en contra del medio ambiente, esto no tiene nombre y es gente pagada, han herido mujeres, les tiraron basura y piedras y la Policía, no hizo nada”.

“Estas personas no solo son de Porongo, han traído gente de Yapacaní, Buena Vista e Ichilo, hay gente de todos lados. Con la gente de Porongo se está socializando, se les está hablando de la ley. Ellos están buscando refuerzos de otros lados; ayer se vio claramente cómo la alcaldía de Buena Vista trajo personas utilizando bienes del Estado”, remarcó. (Santa Cruz, agencias).