El 2021 estuvo marcado por varias alertas ambientales. Desde las Naciones Unidas advirtieron al mundo que Bolivia se convirtió en el centro de tráfico ilegal del mercurio en la región. Fue el año en que el avance aurífero con aval gubernamental penetró al Madidi, los avasallamientos de tierras en el oriente tuvieron rostro encubierto y el paralelismo sindical golpeó hasta a la asociación de guardaparques.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, develó el 8 de diciembre, que Bolivia se convirtió en el centro de tráfico ilegal del mercurio en la región y que ante la gravedad del comercio y el uso indiscriminado de este elemento peligroso, se visibilizará esta situación en foros internacionales, así como el incumplimiento del Estado frente al Convenio de Minamata.

En análisis del director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, durante los últimos tres gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, rechazaron sistemáticamente proyectos de decretos supremos enviados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y de Minería, para el control del mercurio, debido a la presión del sector cooperativista aurífero.

A partir de 2015, año en que el país ratificó el Convenio de Minamata, la importación del mercurio se disparó a 192 toneladas en promedio año; es decir, hizo todo lo contrario a lo comprometido.

El 2021 la expansión de la minería aurífera legal e ilegal tampoco se frenó. De las amenazas se llegaron a los hechos. El 18 de mayo, la líder indígena Ruth Alípaz denunció a Brújula Digital, que el 100 por ciento del río Tuichi, que se encuentra al interior del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, y que es parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Uchupiamona ha sido cuadriculado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para la explotación aurífera, en una de las áreas protegidas más biodiversas del planeta.

Alípaz Cuqui, quien es también representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) advirtió de una “brutal arremetida” de parte de las cooperativas mineras con el aval del Gobierno. La Reserva Biósfera y Tierra Comunitaria Pilón Lajas también fue pasible de la otorgación de derechos mineros por parte de la AJAM a favor de la empresa Coboldrom SRL.

Una de esas formas de arremetida, según la Contiocap, es creando paralelismo en las representaciones legítimas de los territorios indígenas. Una de las más recientes denuncias fue en contra de la dirección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), por avalar una directiva ilegal y paralela de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac).

El agrónomo y ambientalista, Antonio Cajías señaló que el 2021 fue marcado por la desinstitucionalización del Sernap y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), entidades estatales encargadas de cuidar las áreas protegidas y los bosques, que en los hechos han abierto estos territorios a actividades extractivistas e incendios forestales.

Cajías también lamentó que el 2021 se haya cometido biocidio en contra de 34 cóndores y otras aves. “Ahí nos enteramos que no tenemos protocolos sobre el levantamiento de los cuerpos y tareas de laboratorios, mientras que los principales sospechosos de haber cometido este delito quedaron libres bajo el argumento de que usaron veneno para proteger a su ganado”, señaló.

Situación similar recordó que sucedió en Yapacací donde millones de abejas fueron envenenadas con agroquímicos que la agroindustria emplea para fumigar.

En términos generales en temas ambientales dijo que no ha sido un año positivo, pues las áreas protegidas cada vez sufren mayor presión con consecuencias socioambientales múltiples.

De acuerdo a otro reporte de Piensa Verde (plataforma ambiental) – también con datos de Global Forest Watch –, Bolivia ocupó en 2020 el tercer puesto en deforestación en el mundo junto a Brasil, RDC, Indonesia, Perú, Colombia, Camerún, Laos, Malasia y México.

Y en la lógica del avasallamiento de tierras fiscales en disputa, los avasalladores se convirtieron este año en grupos armados irregulares, capaces de encañonar a sus víctimas, entre periodistas y policías, amenazarlas de muerte, tenerlas secuestradas por varias horas y liberarlas como si nada, para luego salir impunes de cualquier investigación e imputación por parte de la Fiscalía.

A pesar de los airados reclamos por parte de la Federación de la Prensa de Santa Cruz, la Asociación de la Prensa Nacional y otras instituciones de la sociedad civil, por lo sucedido hace más de un mes en los predios Las Londras, el caso no tuvo avances y los encapuchados quedaron en la impunidad a pesar de haber sido identificados.

Llamó la atención que un día después de los vejámenes cometidos el propio director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Departamental, Adalberto Rojas, se haya reunido con los avasalladores que lo recibieron con guirnaldas y aplausos en Las Londras.

La Fundación Tierra a través de su investigador, Alcides Vadillo, advirtió que entre el 2013 y 2019 se contabilizaron 1.400 nuevos asentamientos en la Chiquitanía, la gran mayoría en tierras fiscales y otras en áreas en proceso de saneamiento solicitadas por comunidades indígenas. Dijo que intereses políticos y económicos están detrás de los avasallamientos por parte de los interculturales afines al gobierno del MAS.

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) también se demandó a la Fiscalía acelerar la aprehensión de las personas identificadas en la toma violenta de Las Londras, con secuestro y vejámenes de por medio a periodistas y policías.

Pero también la CAO ha sido cuestionada por pretender cambiar el uso de suelo para la ampliación agropecuaria con el fin de exportar más carne al extranjero, siendo el principal mercado China.

La falta de compromiso con la comunidad internacional se vio en noviembre, cuando Bolivia no se adhirió a la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, que suscribieron líderes de 131 países, cuyos territorios albergan más del 85 por ciento de los bosques del planeta.

Los líderes se comprometieron a frenar y revertir la deforestación con miras al 2030 en un acuerdo lanzando en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) en Glasgow, Suecia. (Brújula Digital)