“El objetivo no solo es de entregar las tierras, sino de tener control político del espacio  territorial”, señaló el investigador, quien se remonta al año 2013, para marcar un antes y un después en torno a la conflictividad de las tierras en Santa Cruz.

En ese marco dijo que la conflictividad por tierras ya no se limita a los conflictos entre dos particulares, sino que es entre dos sectores sociales, ”y en este espacio se usa cualquier diferencia para confrontar en la que no solo está la pugna por el control de la tierra y los recursos naturales, sino que detrás de eso hay una pugna por el poder, son relaciones de poder que están confrontados”.

“¿A quiénes se les ha entregado las tierras fiscales de Santa Cruz?,  si uno suma, entre la Csutcb, interculturales y Bartolinas concentran el 96% de los beneficiarios de tierras fiscales de vocación forestal. Aunque desde la resistencia a los nuevos asentamientos se manejan criterios sociales como debería ser primero la tierra para los indígenas de la zona”, sostuvo.

Vadillo advirtió que desde el Gobierno se está usando el factor de la tierra como un elemento de movilización, de organización y de confrontación política, ya que se trata de un escenario de lucha por el poder, donde la tierra no es el fin en sí mismo, sino el medio porque está ligado a intereses económicos, políticos, sociales e identidad.

“En el caso de los asentamientos, si bien se habla de 1.400 nuevas comunidades, tenemos documentación de 952 comunidades que tienen 2,5 millones de hectáreas que era de propiedad estatal y pasaron a manos privadas, era tierra de uso forestal están pasando a uso agropecuario y sobre las que se han incrementado más de 200% la deforestación desde el 2015 al 2018”, apuntó.

Dijo que con esta ola de ocupación de tierras, se prevé una acelerada expansión de la frontera agrícola de nueva colonización que va a generar deforestación, quemas y sequías.

“De un lado hay una narrativa de que el oriente está controlado por los terratenientes y del otro, que los interculturales son los avasalladores que están tomando las tierras y colonizando Santa Cruz”, citó.

El investigador mencionó que de acuerdo a los datos del IBCE, el 2013 se registraron 70 propiedades privadas avasalladas en el oriente boliviano, con lo cual se viabilizó la Ley 477 contra los avasallamientos del 30 de diciembre de ese año.

En análisis del investigador, se da un primer acuerdo que es implícito entre el Gobierno y los sectores agropecuarios que buscan ponerle fin a la toma de tierras.

“Con esa Ley, se determina que las tierras de propiedad privada se respetan, Evo Morales les ofrece seguridad jurídica a las propiedades privadas, pero el Gobierno decide qué hacer con las tierras fiscales y a quién las entrega”, aseguró durante el conversatorio de la Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz: La disputa de la tierra en Bolivia.

A partir de ahí se puede advertir una línea muy clara del Gobierno –advierte Vadillo- con la Ley 477 contra avasallamientos el Gobierno garantiza seguridad jurídica a las grandes propiedades del oriente, y por el otro lado, dirige su mirada hacia tierras forestales del oriente y empieza a llamar a sus bases a ocupar estas tierras, entre campesinos e interculturales.

“El 20 de diciembre de 2012 en un acto público en el municipio de Laja, el expresidente Evo Morales ofreció tierras del oriente a campesinos del occidente, les dijo que existen millones de hectáreas aptas para labores agrícolas sin problemas de agua y clima que se viven en tierras altas”, apunta.

Pero también Morales el 2014, les ofreció tierras fiscales del oriente a los productores cocaleros del Chapare para evitar avasallamientos y cultivo de coca ilegal en los parques nacionales, según citó Vadillo.

“El año 2018, el expresidente Evo Morales ofertó tierras fiscales a los bolivianos que viven en países afectados por la crisis económica para que retornen al país (…). Esa fue una expresión, les dijo: los hermanos que tienen 30 o 50 hectáreas como los del oriente produciendo soya, ganan mejor que el Presidente o cualquier ministro. Gracias a la Constitución millones de hectáreas están a disponibilidad de los hermanos que quieran ocuparlos”, mencionó.

En esa línea, el investigador afirmó que debido a las decisiones asumidas en el Gobierno de Evo Morales, la conflictividad que se daba hasta el 2006 entre el movimiento sin tierra y los propietarios de grandes extensiones de tierra se daba de manera.

“Es la consecuencia de ese acuerdo: seguridad jurídica para los sectores empresariales, las tierras fiscales son para los militantes del partido de Gobierno y vemos al expresidente que es uno de los principales actores que alienta esta campaña de ocupación de estas tierras que eran forestales y que se revierten por el INRA para entregarlas en dotación”, explicó. (Santa Cruz, Brújula Digital)