En su nota, recordaron que hace más de 7 meses durante la campaña electoral, Arce sostuvo que el Decreto 4232, emitido por Jeanine Añez, “es ilegal y atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de Bolivia, la biodiversidad y la salud de todos los bolivianos’’.
De la misma forma, David Choquehuanca indicó hace 4 meses que: ‘’alterar los alimentos genéticamente obedece a intereses económicos que enferman nuestros suelos, al agua, al cuerpo y a la sociedad’’, según la nota.
La carta argumenta que se trata de decretos que promueven e imponen un modelo de desarrollo insostenible que solo beneficia al sector del agronegocio y transnacionales, dado que el Decreto 4232 y el 4238 autorizan procedimientos abreviados anti científicos para maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados.
Señala también que el Decreto 3874 autoriza procedimientos abreviados para la evaluación de la soya intacta y la soya HB4 y el Decreto 4348 enmarca la producción de maíz transgénico y rezonificación de tierras a pesar de que Bolivia es centro de diversidad del Maíz y está prohibido por ley atentar contra ese patrimonio.
La carta resalta que los decretos transgénicos violan la Constitución Política del Estado en varios de sus artículos y denuncia que los eventos transgénicos, inevitablemente asociados a agrotóxicos venenosos, ponen en riesgo a los polinizadores, los bosques, los ríos, la biodiversidad y todos los ecosistemas que proveen funciones claves para el país y su población. (Erbol)