La aseveración corresponde al representante de la COR quien, además, aseguró que su denuncia está apoyada en la normativa vigente del país. “Cuando ellos indican que no es jurisdicción (denunciar en La Paz y no en Santa Cruz) nos basamos en el Decreto Supremo 138, en el que indica que cuando son delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado, lo que ponen en zozobra a la seguridad del Estado, se puede hacer en esta jurisdicción de La Paz”, justificó.
Sostuvo que la medida fue asumida debido a que el Ministerio Público no inició de oficio las investigaciones, por lo que presentaron la acusación y fue aceptada.
“La fiscalía ha aceptado (la denuncia) y se ha activado la alerta migratoria para esos señores por lo tanto vamos a esperar el proceso de investigación, los elementos de convicción y conforme a normativa, vamos a solicitar que los fiscales hagan el trabajo correspondiente”, señaló.
La demanda contempla delitos de; resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, violencia política contra mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, terrorismo y alzamiento armado, entre otros.
Esta situación, para Carlos Ledezma, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, resulta “misteriosa” ya que la demanda fue admitida a solo horas de su conocimiento y que, en otras circunstancias, demoran días en dar respuesta.
“Misteriosamente ha sido admitida la demanda el mismo día y ese mismo día se han iniciado las investigaciones. Nos sorprende la celeridad con que actúa el Ministerio Público en ciertos procesos que son instaurados por gente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al Gobierno”, mencionó.