Sólo en la sede de Gobierno, en el enfrentamiento entre manifestantes y grupos afines al MAS la pasada semana, al menos 10 trabajadores de medios de comunicación han sido agredidos, tanto de medios privados como estatales.

Estas acciones buscan “atemorizar” a los medios y generar un proceso de autocensura, según Peñaranda, pero lo peor es que este tipo de agresiones no terminan en sanción para los responsables, lo que muestra un abandono de la justicia en estos casos y una falta de atención de las autoridades del Gobierno para cumplir con los preceptos que garantizan la libertad de expresión.

Frente a esta situación y la escasa posibilidad de defensa que se pueden encarar desde las asociaciones de periodistas, el presidente de la APLP dio a conocer que recurrirán a instancias internacionales, una de ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que ya solicitaron un encuentro para denunciar los abusos y la violencia que enfrentan los periodistas en Bolivia.

El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS realizó una entrevista al presidente de la APLP sobre la situación de la libertad de prensa en Bolivia.

¿Cuál es su opinión con relación a los hechos de violencia en contra de periodistas en los últimos meses, primero en el paro cívico en Santa Cruz y después en las protestas generalizadas realizadas luego de la captura del gobernador Luis Fernando Camacho?

Yo creo que vivimos en el peor momento de las agresiones contra periodistas desde la recuperación de la democracia. Solamente en Santa Cruz, después del secuestro y tortura a periodistas en Las Londras, desde ese momento en un poco más de un año ha habido 75 agresiones a periodistas en Santa Cruz. En La Paz hemos tenido otro tanto importante. Sólo en los últimos días, en las contramarchas de los grupos de choque del MAS, han sido agredidos 10 periodistas, así que yo diría que, en líneas generales, desde el punto de vista de las agresiones a los periodistas estamos en el peor momento en 40 años y eso implica un esfuerzo del oficialismo para atemorizar a los medios para que no cubran (noticias).

La estrategia del oficialismo tiene dos pilares: una es atemorizar a los periodistas y la otra es a los ciudadanos que marchan, como los van a pegar, les van a tirar petardos, etcétera, entonces para las próximas marchas ya no querrán ir.

Esa escalada de la violencia, esa espiral de violencia también termina afectando a los propios medios oficialistas, genera un encono, una polarización que también los grupos contrarios al gobierno actúan con violencia en contra de los medios oficialistas.

¿Son agresiones planificadas o premeditadas en contra de periodistas?

Es un plan del oficialismo. Es muy raro que se organicen espontáneamente grupos del MAS contra una marcha pacífica. Está obviamente coordinado y alentado por el oficialismo, muchos de ellos son funcionarios públicos. Yo entiendo que el MAS pueda protestar y hacer manifestaciones, pero porqué tienen que ir a agredir a una manifestación contraria. Eso no pasa cuando el MAS realiza sus manifestaciones, la oposición no realiza una contramarcha.

Por las respuestas que das aparenta que la libertad de prensa en Bolivia está restringida. ¿Consideras peligrosa esta situación?

Exacto. Es peligrosa. La libertad de prensa y de expresión están afectadas y bajo un modelo alentado por el oficialismo para atemorizar a sectores democráticos y a medios de comunicación. Pero hay que ver el otro lado, los periodistas siguen haciendo su trabajo, intentando realizar lo mejor posible la cobertura de los eventos, informando lo mejor que se pueda.

¿Cuál es el rol que debe cumplir el Gobierno cuando se presentan estos actos de violencia en contra de periodistas?

Obviamente el Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, debería hacerlo. Debería ordenar a la Policía que vaya e impida que haya agresiones entre grupos, impedir que grupos de choque del MAS ataquen a marchas pacíficas de la oposición. También la Policía debería evitar agresiones contra los periodistas, porque también somos ciudadanos y en el caso de la Policía también, no solamente no protege a periodistas, sino que los agrede, hemos visto cómo disparan perdigones, cartuchos al cuerpo de los periodistas y eso es algo que el Gobierno incumple en su rol de proteger a la ciudadanía y dentro del marco general, a los periodistas.

¿Y cuál es el rol que la justicia debiera asumir cuando se suscitan estos casos de agresión a periodistas?

De la misma manera, deberían intentar identificar a los agresores. La Fiscalía puede actuar de oficio cuando son delitos públicos, debería hacerlo, identificar a los responsables y si hubiera necesidad, pasarlos a un juez para que los sancione. Todos esos que han agredido a periodistas en la marcha de la semana pasada en La Paz, todos esos están identificados, incluso hay filmaciones y fotografías de ellos, así que para la Fiscalía sería muy fácil poder identificarlos y convocarlos.

Por un lado, las cifras muestran que el Estado a través de sus autoridades y la Policía atacan o amedrentan a periodistas, pero también vemos que la justicia hace poco para reparar y sancionar a los culpables ¿Cómo garantizar el ejercicio periodístico en este escenario?

Bueno, esto claramente perjudica el trabajo de los periodistas. Los periodistas se ven afectados en su seguridad física, hay un colega de Erbol que ha perdido el 50% de su audición por un petardo que han lanzado a quemarropa cerca de su cuello. Todo esto conforma un escenario difícil para el trabajo de los periodistas que se enmarca en la falta del respeto y la violación de otros derechos y libertades, que se ve por ejemplo en detención de opositores, hay 188 presos políticos, o la utilización de la justicia para presionar a los adversarios políticos, etcétera.

¿Cuánto pueden hacer las asociaciones de periodistas para evitar o mitigar la violencia en contra de periodistas?

Lo que nosotros hemos hecho es denunciar permanentemente estos casos. Hemos enviado una carta al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa), hemos mandado una carta al ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo), nuestras posibilidades son escazas lamentablemente. El gobierno controla la justicia, la Policía no es un ente independiente y es el propio oficialismo el que genera la violencia, entonces las posibilidades de defensa, o las posibilidades de acciones que se puedan hacer desde las asociaciones departamentales son escazas. En Santa Cruz han organizado un plantón a favor de los periodistas que estaban afectados por Las Londras. En La Paz hemos realizado otro más recientemente en el Ministerio de Gobierno. Pero mucho, lamentablemente, no se puede hacer.

Hay un debate interno en la Asociación si le pedíamos algún mecanismo a la justicia, estamos en ese debate precisamente si vale la pena hacer una cosa con la justicia considerando que la justicia está cooptada por el oficialismo. Entonces bueno, esas son las limitaciones que tenemos también como gremio en este momento.

¿Es posible acudir a instancias internacionales para este tipo de casos?

Bueno los instrumentos internacionales lamentablemente actúan con mucha lentitud, pero nosotros hemos hecho llegar nuestras denuncias a todas las instancias internacionales más importantes como para que ellos también sepan lo que está sucediendo. Hemos acudido, denunciado y enviado nuestros comunicados, pero un proceso como tal no lo hemos considerado, es muy moroso, también requiere de tiempo.

La Asociación de Periodistas de La Paz y otras asociaciones se han sumado a una iniciativa de la sociedad civil para acudir o para pedir que nos escuchen en las audiencias que hace la CIDH. Este grupo conglomerado de entidades ha pedido que la CIDH nos reciba en sus audiencias y ojalá que sí para poder denunciar la situación que viven los periodistas, eso si es que nos acepta, porque primero tienen que hacerlo y segundo, es conseguir los fondos para poder viajar.

Se ha hecho el pedido, estas organizaciones nos han ayudado a hacer la demanda, la presentación de antecedentes, etc. Hemos pedido que nos acepten. Una vez que nos acepten buscaremos un financiamiento para ver quién va a ir a estas audiencias.

¿Qué organización u organizaciones los están apoyando?

La Fundación Para el Periodismo.

¿Cuál es la responsabilidad o el rol que debieran asumir los propios medios de comunicación frente a hechos de violencia?

Los medios de comunicación deben defender pues a sus periodistas, deben defenderlos en diferentes instancias, deben aportar con los abogados y otro tipo de apoyo legal que fuera necesario. Lo segundo es la seguridad en su trabajo, por ejemplo, deben dotar de chalecos a los fotógrafos y a quienes hacen cobertura. Cascos y máscaras antigás, porque hay profusión de esos gases, entonces los medios de comunicación tienen que preocuparse de la seguridad física de sus periodistas.

Pero también yo creo que los medios de comunicación deben hacer una reflexión sobre si esos colegas, sobre todo de la televisión, tienen que estar necesariamente en la primera fila donde se están produciendo los hechos, la violencia, etcétera. Obviamente ahí está la noticia, pero yo creo que también tiene que haber algún tipo de instructiva. Nosotros consideramos que una primicia no vale una vida. Para los colegas que están en la primera línea también ellos deben entender eso. Los jefes de prensa, sobre todo de los canales de televisión, dicen que es una demanda a la vez de los públicos que quieren ver esas imágenes de la violencia que se genera; si quieren verla, digamos en primer plano con camarógrafo que está muy atrás, tal vez pierde rating su canal, pero yo también considero que tenemos que hacer una reflexión sobre eso. Su primera obligación es defender la vida y seguridad de los colegas.

¿Es cierto que los gremios periodísticos no actúan frente agresiones a periodistas y medios estatales, como éstos denunciaron en días pasados?

Hay una falta de comunicación allí. Sí nos hemos pronunciado, pero ellos no están atentos a nuestros comunicados. Por ejemplo, después de la marcha y enfrentamiento con los grupos de choque del MAS, primero teníamos ese día a siete periodistas agredidos, después se supo que eran tres afectados más, pero hasta el momento de hacer la nota de prensa y el pronunciamiento eran siete. Entonces hemos descrito cada uno de los siete. Había una colega de Abya Yala, hemos señalado sobre la piedra que le llegó y que provino del lugar donde están congregados los manifestantes opositores al gobierno, pero ellos (periodistas de medios estatales) siguen insistiendo, o sea, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Abya Yala sigue en una campaña de desprestigio en contra de la Asociación de Periodistas de La Paz por lo que no nos hemos pronunciado, pero el pronunciamiento es público y está en nuestras redes. También Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, y a mí nos han entrevistado medios de comunicación y también hemos hecho referencia a ese tema.

Finalmente, no de esta coyuntura, cuando llegaron cocaleros contrarios al gobierno, cuando se enfrentaron dos facciones de cocaleros hace aproximadamente tres meses en la zona de Villa Fátima, zona de Plaza del Maestro, también fueron afectados medios de comunicación estatales y oficialistas y en ese momento nosotros recién estábamos empezando nuestra gestión, hicimos un pronunciamiento específico en defensa de ellos, entonces claro, ellos nunca lo van a admitir, que esta asociación defiende a todos los periodistas. Su rol de ellos es un rol político, nuestro rol es de la defensa de los periodistas.