Juan José Toro Montoya

El reporte policial y, por lo tanto, oficial, señala que, hasta el 4 de marzo, día en el que se accidentó un bus de la flota Challapata, la cantidad de fallecidos en siniestros automovilísticos en el Departamento de Potosí era de 132 personas. Se trata de la cifra más alta de la historia, a razón de dos muertos por día.
Podría ocupar suplementos enteros y hasta escribir un libro sobre las razones que han convertido a Potosí en el Departamento más inseguro del transporte terrestre de pasajeros, pero, habida cuenta que esta columna se lee en varios medios nacionales, dejaré lo regional para ocuparme de lo macro: lo mal que está el transporte público en Bolivia.
Detalles tan elementales, como el control en los buses, cuando éstos están partiendo, son comunes en gran parte del país, pero, para mí, el gran problema está en los sobornos, que se han convertido en el verdadero atractivo para el ejercicio de cargos públicos.
Hoy, mucha gente busca llegar a cargos públicos, pero no por el sueldo, sino por la posibilidad que tienen de usarlos para tener buenos ingresos por la vía del soborno. ¿Cómo es que, en gran parte del país, ya no se ejerce control directo en los buses? ¿Cuánto pagaron, y a quiénes, las empresas que prefieren que ya no haya control? Tal vez encontraríamos respuestas en instancias como la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y el Organismo Operativo de Tránsito.
Gracias a mi trabajo de periodista, pude viajar a algunos países, tanto de Sudamérica como Norteamérica y Europa, y en todos encontré que, si no es eficiente, el transporte público está por lo menos medianamente organizado y funciona cumpliendo las normas sectoriales. En España, por ejemplo, existe un sistema metropolitano que ha unido los servicios de trenes, metros y buses de tal forma que es posible vivir en una ciudad y trabajar en otra, porque los horarios se cumplen a cabalidad, y es fácil, y eficiente, planificar el uso de varios servicios al día. En Bolivia, el transporte público está en manos de particulares, personas que se amparan en cooperativas y sindicatos, que prácticamente lo han monopolizado. Cuando se intenta innovar con algún servicio, como el teleférico en La Paz o el tren metropolitano en Cochabamba, esas organizaciones ejecutan medidas de presión para evitarlo, sin tener derecho para hacerlo. Por tanto, los dueños del transporte público son estos privados, que no ofrecen buen servicio, pero son capaces hasta de hacer subir las tarifas, como sucedió recientemente en varias capitales del país. ¿Cómo es que ciertas alcaldías accedieron a subir tarifas sin asegurarse de que se mejore el servicio? Ahí hay indicios de soborno a autoridades municipales.
Por tanto, el transporte público no está mal solo por su desorganización, sino, fundamentalmente, porque las organizaciones y empresas de transportistas controlan a las autoridades del sector pagando coimas. Sí… estoy hablando de corrupción, ese gran mal nacional que ya no solo se tira la plata del país, sino que ahora está matando a gente por centenares.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.