Juan José Toro Montoya

El litio se conoce desde 1817, cuando fue descubierto por Johan August Arfwedson, pero sus propiedades comenzaron a ser estudiadas recién en la década del 60 del Siglo XX. Para entonces, lo que se sabía es que es un metal alcalino y blando que, por eso mismo, podía utilizarse en aleaciones para el fuselaje de las naves espaciales.
Pero su valor comercial no creció sino hasta 1973, cuando la telefonía móvil pasó a desarrollarse hasta niveles nunca antes vistos. Para que un teléfono inalámbrico funcione se necesita energía y esta proviene de las baterías que primero fueron de hidruro de níquel-metal, pero ahora son todas de iones de litio.
En 1975, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y L’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (Orstom) realizaron estudios en los salares bolivianos que determinaron que el de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí, tiene la mayor reserva de litio del mundo. Con esa información, en 1985, el gobierno de Hernán Siles Zuazo promulgó la Ley 719 que, por una parte, declaró “de necesidad nacional, la exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos minerales metálicos y no metálicos, yacentes en la Cuenca Evaporítica del Gran Salar de Uyuni, ubicados en el Departamento de Potosí” y, por otra, creó el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (Ciresu) que estaba integrado por representantes de varias instituciones y se encargaba de manejar todo lo referente al litio en Bolivia. Ese mismo año, Víctor Paz Estenssoro asumió la presidencia por cuarta vez y comenzó a negociar el aprovechamiento del litio. En 1989, cuando le restaba poco para terminar su mandato, ya tenía todo listo para la firma de un contrato con la transnacional norteamericana Lithium Corporation (Lithco), para explotar el Salar de Uyuni por 40 años, pero prefirió pasar la posta a su sucesor, que fue nada menos que su sobrino Jaime Paz Zamora.
Paz Zamora no había negociado el contrato con la Lithco, pero lo firmó. Era una contratación directa que vulneraba el artículo 3 de la Ley 719 que establecía que Ciresu debía convocar a una licitación pública internacional. También se denunció que el documento favorecía más a la Lithco que al Estado boliviano. Esos fueron los argumentos que desataron marchas, un largo paro y otras medidas de presión lideradas por el Comité Cívico Potosinista.
Debido a las presiones, Jaime Paz decidió retroceder y dejó sin valor el contrato firmado con la Lithco. Ciresu convocó a la licitación internacional y la ganadora fue la FMC Lithium Division de la que la Lithco era una subsidiaria. El contrato se firmó el 14 de febrero de 1992 y fue validado en el Congreso, pero 13 días después se promulgó la Ley 1.314 que elevaba la alícuota del Impuesto al Valor Agregado del 10 al 13 por ciento y, cuando se intentó aplicar el ajuste al contrato con la FMC, ésta optó por no invertir en el país y se marchó.
Fue el inicio de una serie de frustraciones sobre el litio en Bolivia.

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.