La Ley General de la Coca, que legaliza 22 mil hectáreas de la hoja y que fue aprobada por el MAS en el Parlamento la pasada semana, fue cuestionada por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, quien señaló que el documento fue sancionado para que el Gobierno evite conflictos de intereses.
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