Tras conocer el fallo que emitió el juzgado agroambiental de Viacha para proteger el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, afirmó que ese dictamen evidencia que el Gobierno no cumple con su labor de proteger las reservas naturales.

“Ambos puntos en el fallo son justificados, sólo están dando cumplimiento a la norma. Además, se debe tomar en cuenta que este fallo deja en evidencia que las autoridades del Estado no están cumpliendo con sus deberes”, dijo la parlamentaria a la ANF.

El 18 de mayo, el juez Edwin Díaz callejas, en suplencia del juzgado agroambiental de La Paz, emitió un dictamen complementando las medidas cautelares para preservar el parque, donde establece el apoyo de las Fuerzas Armadas para realizar controles y restricción de ingreso de personas al área protegida.

Asimismo, dispone que la dirección departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) suspenda y rechace todo trámite, para la otorgación de derechos mineros y evitar la explotación aurífera.

La demanda fue interpuesta por el experto en conservación de áreas protegidas Antonio Cajías en contra de Ramiro Cuevas, representante de la Cooperativa Minera Virgen del Rosario SRL y dirigente de la Central de las Cooperativas Minerales de Apolo. A esa denuncia se sumó la senadora Requena y posteriormente el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

En ese sentido, Requena espera que el demandado no interponga “chicanas jurídicas” para evitar el cumplimiento del fallo. Dijo que hasta el momento no se logró notificar a cuevas, afirmó que ese procedimiento es importante para que, a partir de la entrega del dictamen, entre en vigencia las medidas cautelares.

A la vez, adelantó que en caso de que no se cumpla con la decisión judicial por parte del Gobierno, acudirán a organismos internacional en defensa de la madre tierra donde se presentarán las pruebas que demuestra que el Estado no cumple con su labor de defender a la madre tierra.

“Existen pruebas sobre la explotación minera en el área protegida, si este estado es incapaz de actuar ante este delito flagrante, nos quedará recurrir a la justicia internacional y mostrar las pruebas de que este estado defiende ala madre tierra, no protege las áreas protegidas. Tendremos que recurrir a esas instancias”, advirtió.

Desde hace varios años, el Parque Nacional Madidi, considerado como la reserva natural con mayor biodiversidad del mundo, fue objeto de una intensa actividad minera y explotación de oro de parte de empresas y cooperativas privadas.

El 5 de mayo, el juez emitió una resolución donde dispone medidas preventivas hasta la resolución del recurso: en primer lugar, dispuso la paralización de la actividad minera en las orillas del río Tuichi, en el distrito de Machariapu B, del municipio de Apolo.

Como segunda medida se define que los guardaparques tomar el registro de las personas que ingresa a la reserva natural y prohibir el ingreso de individuos ajenos a las comunidades.

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) denunció que entre 2021 y 2022 se reportaron ocho puntos de explotación ilegal de oro en ese sector. Además, advirtió que el Gobierno realizó una entrega y enajenación de las áreas protegidas a actividades extractivas.

Las áreas afectadas son: Suyo Suyo, Pintata y Charopampa, donde se evidenció la apertura de camiones. Asimismo, se registró explotación minera en San José, Santa Rosa, Yana Kifhka, Santa Clara Alarcón y Arroyo Taruzani. (ANF).