Dos exministras del gabinete del presidente Evo Morales, Amanda Dávila y María Cecilia Rocabado, recordaron varias irregularidades que cometió la empresa chilena Quiborax cuando operaba en el Salar de Uyuni explotando boratos. En la actualidad, el Estado le pagó 42 millones de dólares a la firma y empezó un proceso para enjuiciar al expresidente Carlos Mesa, quien revertió las concesiones de la empresa chilena.
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