El foro “Tiempos inciertos: Crisis económica, energética y ambiental”, organizado por la Fundación Tierra, concluyó con un llamado a la acción y reflexión sobre las múltiples crisis que enfrenta Bolivia. Durante el evento, economistas, ambientalistas y representantes de la sociedad civil discutieron los efectos de las políticas económicas fallidas y la dependencia de los hidrocarburos, así como la alarmante tasa de deforestación en el país.
El economista y miembro de la asamblea de la Fundación Tierra, Iván Cossio, enfatizó que un pacto social que incluye a todos los sectores es esencial para abordar estos desafíos. El experto subrayó la necesidad de unir esfuerzos para encontrar soluciones viables a las crisis interconectadas que afectan al país.
Entre los temas tratados se destacó la crisis energética, que ha sido exacerbada por la disminución en la producción de hidrocarburos y el aumento de subsidios que han afectado negativamente la economía nacional. Los participantes del foro coincidieron en que las políticas implementadas en los últimos años no han logrado mitigar el daño ecológico ni fomentar un desarrollo sostenible.
Este encuentro se realizó en un contexto donde Bolivia enfrenta no solo una crisis económica, sino también desafíos ambientales significativos, como incendios forestales y sequías que han devastado extensas áreas de bosques. Las reflexiones y propuestas surgidas del foro buscan no solo alertar sobre la gravedad de la situación actual, sino promover acciones concretas para revertir el rumbo del país hacia un futuro más sostenible y equitativo.
El foro también abordó la crisis energética que agrava los problemas económicos, bajo la cuestionante ¿qué falló? En ese contexto, el expositor Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos y director de Gas Energy Latin América, planteó que la producción de hidrocarburos, de la que Bolivia ha vivido todos estos años, se cayó porque no hubo exploración de nuevos campos. En un escenario en que no hay nuevos pozos hidrocarburíferos y los pozos existentes se están agotando, es lógico que las posibilidades de exportación disminuyan y con ello, no ingresen dólares a la economía.
En concordancia, en el segundo panel, que abordó la crisis energética, Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, advirtió sobre la alarmante escasez de reservas de gas y petróleo. Por ejemplo, señaló que en 2026 posiblemente Bolivia tenga que importar gas licuado de petróleo, y en 2028, el gas natural.
En tanto, Gonzalo Colque de la Fundación Tierra esquematizó la situación compleja de la importación de diésel y gasolina, advirtió que la solución planteada en términos de fomentar la producción de biocombustibles no es viable en el corto plazo, ya que plantea problemas ambientales y económicos adicionales. En ese contexto, precisó que en 2017 importábamos el 22% de la gasolina y en 2024 las importaciones llegaron a 56% y se prevé que la cifra vaya en aumento, aún en el mejor de los escenarios que se puedan visibilizar a futuro.
En el mismo panel, Gustavo Rivadeneira, expresidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, mencionó que su sector consume entre el 35 y el 40% de diésel. El restante 65% lo consume la agricultura, la minería, la construcción y se va a al contrabando.

CRISIS AMBIENTAL
La crisis ambiental fue otro de los temas centrales abordados. Marco Octavio Rivera, de la Asociación Sabia, presentó un diagnóstico alarmante sobre la devastación de los ecosistemas, de la contaminación ambiental, la contaminación de las aguas, del aire, lo que lleva gestándose 20 años, y aún con reacción inmediata, algunas consecuencias serán irreversibles.
A su turno, el director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero puso en relieve la gravedad del cambio climático, los incendios y la deforestación en Bolivia, mencionando que, además de sufrir los efectos del cambio climático, el país también contribuye activamente a este problema. Bolivia se ha convertido en el tercer país con mayor deforestación de bosque primario a nivel mundial, una realidad alarmante que implica la pérdida de millones de hectáreas de bosque.
Por su lado, Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), enfatizó las consecuencias de la crisis ambiental desde una perspectiva indígena, señalando que la fragilidad de los pueblos indígenas ante la degradación del ambiente es especialmente alta. Subrayó que el deterioro ambiental afecta directamente el hábitat, las fuentes de alimentación y los medios de vida de las comunidades indígenas, dado que dependen de los ecosistemas para subsistir.
Asimismo, Vargas destacó la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la crisis ambiental y llamó la atención sobre la necesidad de políticas de protección que prioricen la conservación de sus territorios y derechos sobre sus recursos naturales.
Las causas de esta crisis ambiental, según el análisis de los panelistas, incluyen la expansión del monocultivo, la tala indiscriminada y la falta de políticas de conservación adecuadas. El deterioro del medio ambiente tiene efectos directos en las comunidades indígenas, cuyas tierras y fuentes de vida se ven cada vez más amenazadas por la explotación y contaminación de sus ecosistemas. Rivera llamó a fortalecer las instituciones encargadas de la gestión ambiental y de áreas protegidas, las cuales actualmente carecen de personal y recursos suficientes para enfrentar estos desafíos.

UN PACTO SOCIAL
Para Cossio, la única vía para salir de esta crisis es la construcción de un nuevo pacto social que involucre a todos los sectores de la sociedad. “No existe la posibilidad de salir de esto mirando mal los unos a los otros, por más enormes diferencias que existen”, afirmó. El foro coincidió en la urgencia de impulsar políticas públicas efectivas, que no se limitan a intereses sectoriales o políticos, sino que busquen un desarrollo equitativo y sostenible para el país.
El economista enfatizó que este pacto social debe también contemplar la reforma de las políticas públicas, que actualmente se han visto influenciadas por sectores políticos y económicos específicos. “La política pública debe partir de un pacto social y no de intereses políticos sectoriales”, finalizó. (Con datos de la Fundación Tierra)