Al menos, siete empresas estatales están bajo la fiscalización de los opositores con la finalidad de establecer si tienen estabilidad en los mercados y generan ganancias a favor del Estado. Pusieron de ejemplo el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que desde su nacionalización se encuentra sumida en presuntos hechos de corrupción.
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