Los funcionarios que restringen el acceso a la información pública pueden ser procesados de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), el Decreto 28168 y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y los peticionarios pueden hacer uso de los recursos constitucionales, judiciales y administrativos vigentes en el ordenamiento jurídico, expresó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles Iporre.
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