Un pronunciamiento firmado por 44 instituciones y organizaciones de la sociedad civil pide al Gobierno hacer transparentes los acuerdos a los que está arribando con los mineros auríferos; advierten que la actividad minera en áreas protegidas o en sus cercanías no está en negociación.

Los mineros reclaman trabajar las concesiones preconstituidas en áreas protegidas, pero la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) aclara que esa posibilidad establecida en la Ley Minera 535 es inconstitucional, vulnera la propia Constitución Política del Estado y el Convenio 169 porque el derecho de la Madre Tierra está ligado a los derechos preexistentes de los pueblos indígenas.

“Cabe recordar que los mineros ya ingresaron, ya trabajaron minería de oro, ya dañaron el Parque Nacional Madidi. Y cuando el ministro dice que no trabajarán en áreas protegidas, significa que quienes ilegalmente han iniciado actividades mineras dentro del Madidi, deben definitivamente salir de esas áreas donde ya causaron daños irreversibles, porque nunca más esas áreas serán lo mismo, ni repondrán toda la biodiversidad afectada”, dice el punto 2 del pronunciamiento.

En consecuencia, las instituciones pidieron que los mineros que ingresaron a las áreas protegidas como el Madidi sean retirados definitivamente; investigar, identificar y establecer responsabilidades entre los funcionarios públicos que permitieron su ingreso; evaluar el impacto ambiental que causaron los mineros; publicar esos datos porque los asuntos que comprometen los bienes comunes y el patrimonio natural no son asuntos privados entre Gobierno y mineros.

Ese último punto nace a raíz de que el dirigente aurífero Ramiro Balmaceda, dijo que existen avances con el Gobierno en seis de sus siete demandas, pero no especificó cuáles.

“¿Cuáles son esas demandas aceptadas? El Pueblo Boliviano tiene derecho a saber, porque, según la Constitución, el oro es un recurso de todos los bolivianos y el patrimonio natural que está gravemente afectado por su irracional explotación es de todos los bolivianos y bolivianas, actuales y futuros, y cualquier acuerdo bilateral que afecte los recursos del pueblo boliviano debe ser de conocimiento de todos”, reclaman las instituciones.

Otro de los puntos del pronunciamiento rechaza la posibilidad de actividad minera en ríos, fuentes de agua y cercanías a áreas protegidas.

“El ministro informó que los mineros ‘trabajarán en zonas aledañas que no contaminen ríos’, pero la minería en el Madidi es aluvial y ahora además a cielo abierto, que se realiza en las riberas de ríos afluentes del Tuichi, que es un río que está 100% dentro del Madidi. Y cualquier minería que se haga en sus alrededores va a afectar al Madidi y a los ríos como el Tuichi indefectiblemente. Además, la ley de minería establece EIA multisectorial para minería en los ríos; por tanto, no puede ser bajo un acuerdo privado entre partes como el gobierno y un sector”, cuestiona el documento. (ANF)