Un estudio grafológico que presentó el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral determinó que la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) usó documentos falsos para certificar que dos de los “mártires de la reivindicación marítima” no eran funcionarios de esa repartición estatal. Además que ambos aludidos tienen vínculos en hechos de contrabando.
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