Los pueblos indígenas originario campesino están restringidos de participar en las elecciones presidenciales con un candidato propio, es decir, deben ser militantes de un partido político, según establece la nueva Ley de Organizaciones Políticas que fue sancionada por la Asamblea Legislativa, instancia que modificó la propuesta inicial que presentó el Tribunal Supremo Electoral donde este sector de la sociedad tenía voz propia.
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