El presidente en ejercicio Álvaro García calculó el lunes en 1.000 millones de dólares el daño económico al Estado que causaron las empresas bolivianas que usaron los paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, en el marco de una investigación que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizó sobre el caso Papeles de Panamá.
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