La denuncia señala que el imputado habría formado parte de un consorcio ilegal junto a altas autoridades del Estado durante la gestión de Wilfredo Chávez en la Procuraduría.
Se presume que Clemor benefició a su tío político mientras fungía como subprocurador, logrando que se rechacen procesos por violencia familiar e impidiendo el inicio de otras demandas.

La Fiscalía solicitó formalmente una condena de seis años de prisión contra el exsubprocurador, Juan Kaleff Clemor, imputado por el delito de uso debido de influencias, por presuntamente liderar un consorcio ilegal de abogados durante la gestión de Wilfredo Chávez, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

El jueves 5 de diciembre, la fiscal de Materia asignada al caso “emitió el requerimiento conclusivo de acusación Nº 1/2024, solicitando la máxima sanción de seis años de privación de libertad que prevé este tipo penal”, sostuvo la PGE en un comunicado difundido el mismo día, en horas de la noche.

De acuerdo con información difundida por Visión 360, la Fiscalía también solicita la inhabilitación de Clemor para que ocupe otro cargo en el Estado.

Recordando que el delito de uso indebido de influencias está tipificado en el artículo 146 del Código Penal, la PGE mencionó que se constituyó como víctima y parte del proceso, asegurando que procederá de la misma forma ante otros hechos irregulares que se identifiquen en la gestión pública y que atenten contra los intereses del Estado y el pueblo boliviano.

Clemor ejerció como subprocurador de Supervisión e Intervención entre 2020 y 2023, durante la gestión del entonces procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien actualmente forma parte del equipo jurídico de la facción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con esta resolución, la Fiscalía cerró la etapa investigativa, por lo que el caso pasará a etapa de juicio oral, en la que serán presentadas 81 pruebas documentales y 11 testigos de cargo, de acuerdo con el memorial presentado.

EL CASO

La denuncia, presentada por el ministro de Justicia, César Siles, cuando ejercía como Procurador General en 2016, señala que Clemor asumió la defensa legal de su tío político, Luis Calzadilla, para litigar en un caso de supuesto robo de automóvil y procesar a la expareja de su familiar, Linda María Aduén, una ciudadana colombiana nacionalizada en Bolivia.

Aduén denunció persecución judicial tras serle abiertos más de 17 procesos penales y ser acusada indebidamente por el robo de un vehículo que le pertenecía a ella y su pareja.

Según la denuncia, Calzadilla otorgó un poder que respaldaba la defensa de Clemor, quien habría continuado ejerciendo como su abogado particular en cuatro casos hasta abril de 2023, pese a ejercer como subprocurador desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2023.

Los elementos de la investigación en este caso revelaron a la Fiscalía que estarían involucrados al menos otros cinco abogados, tres de ellos exfuncionarios de la PGE durante la gestión de Chávez, y otro que actualmente es fiscal.

La denuncia señala que estos juristas involucrados fueron parte de la defensa legal de Calzadilla durante varios años y que, curiosamente, señalaban como domicilio procesal la oficina en la que funcionaba el bufete de abogados de Chávez y su esposa, la jueza Vanessa Miramendy.

Aduén sugirió que existen indicios que demostrarían que Clemor formó parte de un consorcio ilegal de abogados junto con altas autoridades del Estado.